Masisa, transnacional maderera chilena en el estado Bolívar, toma represalias contra trabajador por reclamar derechos durante la visita del ministro de industrias Jorge Arreaza a la empresa.
Trabajadores de la empresa Masisa, transnacional maderera chilena, acompañados de compañeros de otras empresas básicas de Guayana, se concentraron este 20 de septiembre en la Plaza del Hierro en Puerto Ordaz, para exigir el cese de las persecuciones laborales, el cumplimiento al derecho del trabajo, el contrato colectivo y las actas convenio, por un salario al nivel de la canasta familiar.
Entre los que reclamaban estaba Carlos Sánchez, trabajador de Masisa donde denunciaba que luego de reclamar sus beneficios laborales frente al ministro de Industrias, Jorge Arreaza el pasado 17 de septiembre, fue suspendido para ejercer labores continuas en la empresa.
“Días atrás vino el vino el ministro Arreaza a la empresa Masisa. Yo soy una de las personas que se acercaron a él para decirle todo y cada uno de los problemas que estamos sufriendo los masiseros”, declaró Sánchez.
Además, denuncia la situación que viven dentro de la empresa. “Masisa es una transnacional que nos tiene ahorita a pan y agua. Tienen un bono que nos entregan que está condicionado, que si peleas tu derecho, que si te opones a hacer los trabajos por falta de seguridad, simplemente te disminuyen el bono o te sacan de convocatoria.”
Así el trabajador de Masisa declara que “Actualmente, esta semana, cuando se hizo la convocatoria oficial, la empresa y mi jefe me ha sacado del plan de contingencia, donde yo he estado asistiendo y éste simplemente, me imagino yo, porque no hay ninguna razón, por hablar con el ministro, me han sacado del plan de contingencia”.
Por eso Carlos Sánchez deja en claro que la causa por su suspensión es por el ensañamiento de la empresa por la acción que tomó junto al resto de sus compañeros. “Claro que sí, siento que eso es la causa que yo no esté actualmente en el plan de contingencia, en la planilla oficial para ejercer labores continuas dentro de la empresa. Eso es lo que yo estoy sufriendo ahorita y lo estoy denunciando aquí por este medio”.
Los trabajadores de Masisa, acompañados de otros obreros de las empresas de Guayana dejaron en claro que seguirán en las calles reclamando sus derechos y contra todos los atropellamientos y amedrentamientos que está sufriendo en la empresa.
La trágica situación de 600 trabajadores desincorporados en Venalum es la misma de miles de las industrias básicas y privadas
Decidieron salir a protestar ante tanta promesa incumplida y la situación desesperante que viven en CVG Venalum. Un extendido grupo de trabajadores se ha instalado frente a los portones de la empresa para exigir el reintegro de 600 empleados que fueron desincorporados durante el apagón nacional de marzo de 2019. Desde entonces están en sus casas, con sus carnets desactivados y cobrando unos 11 dólares quincenales. Una situación semejante que viven miles de trabajadores de las industrias básicas en Guayana.
Protestan desde el lunes 13 de septiembre frente a los portones de CVG Venalum exigiendo la reactivación de sus fichas, recuperar sus puestos de trabajo. La mayoría son de Ciudad Bolívar. Fuera de la planta pierden los pocos beneficios, ya de por sí miserables, como la bolsa de alimentos y no reciben bono de asistencia y producción, a diferencia de otros compañeros dentro del llamado “plan de contingencia”.
El poco ingreso quincenal que perciben es más que insuficiente para mantener una familia. Así lo declara uno de los trabajadores en la protesta: “La situación que me trajo acá es el bajo salario, el hambre”. Su situación ya pasa de desesperante, es la hambruna pura para ellos y sus familias, mientras el silencio en las altas esferas de la CVG y del gobierno mismo sigue imperando.
Los trabajadores fueron enviados a sus casas durante el primer gran corte eléctrico de 2019, cuando decenas de celdas de producción quedaron inoperativas en CVG Venalum y eso derivó tras una decisión miserable de los directos en la desactivación de puestos de trabajo, aunque los empleados no fueron despedidos completamente. Pero al mandarlos a sus casas, por una situación que no es de su responsabilidad sino de la propia desidia de la empresa y del gobierno nacional, les sacaron todos aquellos pocos «beneficios» como trabajadores activos.
Así es la indolencia gubernamental y de los directivos de la empresa donde hacen pasar situaciones de extrema necesidad y de hambre a centenares de familias, en un momento de tanta calamidad. El dolor del estómago por la necesidad y no tener un miserable mendrugo que comer de miles de niños y niñas que dependen de estos trabajadores y trabajadoras no es un problema para un gobierno directamente hambreador.
“Nos enviaron a casa con la promesa de que nos iban a incorporar a medida que fueran arrancando las celdas electrolíticas, pero ya llevamos tres años y no nos han llamado”, resumió Juan Alcalá, un experimentado obrero que lleva 32 años de servicio en la industria del aluminio. Pero el pasado 14 de septiembre la empresa estatal informó, a través de su cuenta de Twitter, que iniciaron operaciones en la celda número 103 del Complejo I, pero siguen sin ser llamados.
Mientras tanto, los obreros están en sus casas con ingresos miserables y no tienen derecho a ingresar por ningún motivo a la fábrica. “La inflación está elevada y el salario que estamos percibiendo está muy por debajo de la canasta alimentaria”, sostiene un trabajador frente a los portones de Venelum. Ellos solicitan reunirse con la directiva de la estatal, pero el silencio miserable sigue imperando.
Estamos ante una situación que no es única en Venalum, son miles de trabajadores y trabajadoras en la misma condición en toda la región guayanesa de gran concentración de empresas claves del país. Por eso esta no es la primera vez que trabajadores de las empresas son sacados de planta para ser relegados en los llamados “inactivos”. La medida de mantener a empleados fuera se ha ampliado en todas las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana desde el estado de alarma por la COVID-19. Una situación que más que por la pandemia, el Gobierno utilizó para relegar a estos miles de trabajadores con salarios destruidos que ni a simbólicos llegan.
Para solo mencionar otro ejemplo, en marzo de 2020, la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) informó que solo los trabajadores “estrictamente necesarios” asistirían a la empresa para prevenir la propagación del COVID-19. Pura canallada, para esa fecha ya tenían a miles de trabajadores desincorporados por la crítica situación de la siderúrgica, el “pretexto” de la emergencia sanitaria fue solo para tapar lo que ya se estaba viviendo.
Es por eso que la medida, que en primera instancia fue “aplicada” por temas sanitarios, fue vista con desconfianza por los trabajadores fuera de planta, que también quedaron sin beneficio de bolsa de alimentos y bonos por asistencia y producción. En otras palabras, la condena literal a la inanición a todos ellos y a sus familias.
Si bien todo esto ocurre en la gran mayoría de las empresas de las industrias básicas, no se reduce a ellas. En empresas del sector privado también se aplica la misma medida, como se ve en la transnacional maderera Masisa, donde centenares de trabajadores y trabajadoras fueron desincorporados, recibiendo unos ingresos que no pasan al cambio de unos pocos dólares al mes, y que tampoco reciben los ya magros beneficios o los bonos al no estar activos.
Aunado a esto, se llega a la peor política de utilizar esta ya degradante situación como chantaje para los trabajadores que están activos y protestan, amenazándolos con ser desincorporados, y por tanto pasan a no percibir los magros beneficios. Incluso, se dan situaciones tan miserables que, si protestaste, no te dejan entrar al comedor de la empresa en el caso de los que están activos.
“Si protestas te vas a tu casa y no te damos bolsa ni el resto de los bonos”, amenazando y amedrentando así con la indigencia pues el hambre ya se vive incluyendo estos “beneficios”, ante cualquier atisbo de reclamar derechos. Es toda una política semiesclavista se vea por donde se vea que emana desde el gobierno nacional y aplican todos estos directivos.
En el sector privado, los empresarios son tan miserables con las gerencias estatales, pues hacen exactamente lo mismo. Es lo que relataba Jean Mendoza de la empresa transnacional Masisa en una conversación con La Izquierda Diario: “la empresa Masisa ha bonificado el salario, por tanto, el salario real de nosotros viene siendo ahorita 6 dólares mensuales. Como bonificaste el salario, utilizas el bono como medida de coacción, porque si levantas la voz pierdes los 40 o 50 dólares y te vas a tu casa ganando 6 dólares más un dólar y medio de cesta alimentaria, en total 7 dólares y medio. Entonces tú te das cuenta cómo vamos en un retroceso total en donde quieren efectivamente coaccionar a los trabajadores a un punto en que ya es insoportable la situación, por lo que hay un descontento general en la planta.”
Los paquetazos antiobreros de Maduro, incluyendo la eliminación de los contratos colectivos, la aplicación del Memorando 2792, el factor de equilibrio 9030, salarios reducidos a la nada, han transformado la realidad de los trabajadores y las trabajadoras a una vida de supervivencia. Pero no les basta con eso, siguen aplicando el torniquete a más no poder, llegando al extremo de sacarle a los trabajadores una simple bolsa de comida.
Este descontento general es el que ha venido prevaleciendo que se expresa en continuas protestas que en determinado momento se generalizan y en otros continúan como plantones ante las puertas de las empresas. Por eso la pelea de los trabajadores de Venalum como las del resto de los obreros de las demás empresas que viven la misma situación debe ser apoyada y ampliada.
Unirse en una sola lucha del conjunto de las empresas de Guayana es que pueden tomar fuerza y golpear decididamente, en esta pelea desde el derecho a ser reincorporados, tener un salario básico al nivel de la canasta básica familiar, el cumplimiento de las convenciones colectivas y todos los demás derechos conquistados en décadas de lucha, y que el gobierno ha destruido.
Fuente: LAIZQUIERDA DIARIO
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