CHINA LABOUR BULLETIN* 30 AGOSTO 2021
En julio de 2011, China promulgó la pionera Ley de Seguridad Social. Su propósito es proporcionar a trabajadores y trabajadoras una red de seguridad social durante su jubilación y en caso de incapacidad laboral. Una década después, está claro que la ley no ha alcanzado su objetivo. Como muestra el informe sobre el sistema de seguridad social en China que acabamos de poner al día, cientos de millones de personas asalariadas todavía carecen de pensiones suficientes y de atención sanitaria y tienen que arreglárselas con sus propios recursos en tiempos de dificultades económicas. Y dado que la población china envejece con rapidez, este sistema, que de por sí ya es frágil, se verá sometido a tensiones todavía mayores. A menos que haya un cambio radical de política gubernamental, China tendrá que afrontar pronto una importante crisis de bienestar social.
El sistema actual se basa en cotizaciones a cinco fondos de seguridad social respaldados por el Estado, cotizaciones que pagan las empresas y, en menor medida, el personal asalariado. Sin embargo, las empresas, ansiosas de reducir costes, se niegan a pagar las elevadas cotizaciones, y los gobiernos locales, deseosos de atraer inversores, no han aplicado la ley. Así, cientos de millones de personas, especialmente migrantes, se han visto excluidas del sistema. Millones de personas que desempeñan trabajos precarios y que carecen de un contrato de trabajo formal también están excluidas del sistema. Y dado que este sector crece rápidamente y las plantillas de los sectores más tradicionales se reducen, la suma total de cotizaciones a los principales fondos de seguridad social menguarán proporcionalmente.
El gobierno afirma con razón que la mayoría de la población de China cuenta con algún tipo de pensión y de seguro médico. Sin embargo, la mayoría de la gente no está cubierta por los principales fondos que se nutren de las cotizaciones de empresas y trabajadoras, sino que más bien está acogida a programas para residentes individuales que ofrecen prestaciones mínimas. A finales de 2020, alrededor de 329 millones de trabajadoras en activo y 128 millones de pensionistas estaban afiliadas al sistema básico de pensiones de trabajadores urbanos, para una fuerza de trabajo total de unos 800 millones. Otros 542 millones de personas estaban amparadas por el sistema de pensiones de residentes rurales y urbanos, que el año pasado pagó pensiones a 161 millones de afiliadas por un importe medio de 174 yuanes (27 dólares estadounidenses) al mes por persona.
Las pensiones del régimen de trabajadores urbanos son actualmente suficientes, rondando el 70 % del salario medio local, pero al final de la década el gasto en pensiones comenzará a superar los ingresos por cotizaciones, y la gente más joven podrá encontrarse con que el fondo se ha agotado cuando se jubilen. En un intento de abordar la crisis, el gobierno ha redistribuido fondos de provincias ricas como Guangdong a las zonas desindustrializadas del noreste del país y otras que ya padecen déficits sustanciales. Además, hay planes para aumentar la edad de jubilación y el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión. Sin embargo, hasta la fecha no se ha implementado ningún programa definitivo.
El gobierno espera revertir la disminución de la tasa de crecimiento de la población permitiendo a las familias tener tres hijos o hijas, pero debido al estancamiento de los salarios y a la ausencia actual de un sistema de bienestar social significativo que se haga cargo de la descendencia, la mayoría de las familias las pasan canutas para criar un vástago, no digamos ya tres. La nueva política también agravará probablemente la discriminación de las mujeres trabajadoras, ya que las empresas se resistirán todavía más a pagar las prestaciones de maternidad. En 2019 eran unos 214 millones de trabajadoras que tenían seguro de maternidad en todo el país. Se calcula que 3,5 millones de trabajadoras obtuvieron prestaciones de maternidad, cifra que representa tan solo una pequeña proporción de los 14,7 millones de partos que hubo ese año.
Más de 1.300 millones de personas tienen seguro médico, pero el acceso a una atención sanitaria digna se limita a la gente que reside en las principales áreas urbanas. En la gran mayoría de casos, la gente tiene que seguir pagando la visita médica y esperar que le reembolsen la cantidad más adelante. La cobertura de los seguros médicos, incluso los mejores, está limitada, y para quienes entran en el régimen de seguro médico de residentes de zonas urbanas y rurales, que abarca el 75 % de las personas aseguradas, resulta desesperadamente insuficiente. En 2020, el fondo de residentes pagó en promedio apenas 798 yuanes (123 dólares estadounidenses) por persona en todo el año, mientras que el principal fondo de seguro médico básico para trabajadores urbanos pagó 3.730 yuanes en promedio. El gasto medio anual hospitalario, mientras, ya ascendió a 9.848 yuanes por persona el año anterior.
Queda mucho trabajo por hacer hasta contar con un sistema de seguridad social que funcione adecuadamente, pero hasta ahora el gobierno central de Pekín no ha querido o podido llevar a cabo alguna reforma general. Al contrario, parece contentarse con retocar las aristas, apostando, por ejemplo, por asegurar que todas las comarcas en China cuenten con un centro que tramite de inmediato las solicitudes de reembolso de las visitas médicas, de manera que la gente migrante no tenga que viajar a su ciudad natal para reclamar el reembolso. Puede que el gobierno quiera dar la impresión de que todo está bajo control, pero a menos que Pekín actúe rápidamente, toda una generación de gente trabajadora podría verse completamente a la deriva sin ninguna red de seguridad social a la que acogerse.
*China Labor Bulletin: es una organización no gubernamental que promueve y defiende los derechos de los trabajadores en la República Popular China. Tiene su sede en Hong Kong y fue fundada en 1994 por el activista laboral Han Dongfang
Traducción: viento sur
Fuente: Viento Sur.info
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