| Jaime H. Díaz A. PhD.* | |
Lamentablemente Duque llegó a la presidencia sin ninguna experiencia en el ámbito ejecutivo e ignoraba el país que le asignaron. Pensó que como en los gremios (las corporaciones), debía responder a sus intereses. Pero el país está más allá de los intereses del jefe y del partido que lo puso en un lugar que pareciera ser muy incómodo para él mismo.
Pasaron pocos días de la toma de posesión de la presidencia por parte de Iván Duque, en agosto de 2018, para que se pudiera comprobar que el descontento y la protesta social sostenida hasta hoy se convirtieran en una constante, mostrando que la sociedad colombiana exige un cambio de fondo en el sistema y en la conducción del Estado. Su gobierno no ha podido o no ha querido entender. Lamentablemente llegó a la presidencia sin ninguna experiencia en el ámbito ejecutivo e ignoraba el país que le asignaron. Pensó que como en los gremios (las corporaciones), debía responder a sus intereses. Pero el país está más allá de los intereses del jefe y del partido que lo puso en un lugar que pareciera ser muy incómodo para él mismo.
Se estrenó con una ola de movilizaciones estudiantiles, seguidas de bloqueos de las comunidades indígenas en el suroeste del país, para llegar en abril del 2019 a un paro nacional convocado por las Centrales Obreras para frenar las medidas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo que marcaba las líneas maestras de su periodo presidencial y fijaba el gasto público. Se rechazaba de manera particular reformas en el mercado del trabajo, en el sistema de pensiones, los constantes ataques a los acuerdos de paz, el asesinato de líderes sociales y se pedía garantías para la protesta social.
Pero sin duda el gran estallido social con monumentales movilizaciones se ha venido llevando a cabo desde el 21 de noviembre del 2019, cuando los ciudadanos se movilizaron rechazando las reformas de pensiones, laboral y educativa; se rechazaba también la privatización de las empresas del Estado y de los bienes públicos; se expresaba un rechazo total a la corrupción, y se manifestaba a favor de los acuerdos de paz firmados con las Farc y en defensa de la protesta social.
El gobierno militarizó partes del país, acuartelo el ejército, cerraron las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para “mantener el orden”, se produjeron allanamientos. Las marchas se llevaron a cabo en su gran mayoría de forma pacífica, sin embargo, también se produjeron disturbios, saqueos, daños a la infraestructura pública y abusos por parte de las autoridades. Murieron al menos tres personas en el Valle del Cauca.
Los ciudadanos no se amilanaron y con diversa intensidad continuaron con paros y distintas manifestaciones de protesta todos los días hasta el 23 de diciembre, retomando las calles y la inconformidad de manera intermitente a partir del 13 de enero 2020 hasta mediados de marzo, cuando obligados por la cuarentena la movilización hizo un alto.
La reacción violenta por parte de la fuerza pública había producido el fallecimiento de varios marchistas, se multiplicaron los heridos como también los detenidos. Entre tanto se produjeron importantes destrozos en el transporte público masivo en Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
El gobierno Duque forzado por las circunstancias llamó al diálogo al Comité de Paro liderado por la dirigencia de las Centrales Obreras. Sin embargo, fue dilatando y dispersando las conversaciones de tal manera que no se llegaron a acuerdos firmes que respondieran a la inconformidad ciudadana.
El 28 de abril del presente año, a pesar de que el país se encontraba en el tercer y más alto pico de la pandemia, teniendo días de 700 fallecimientos por motivo del Covid-19 como también la multiplicación de infectados, los ciudadanos rompieron la barrera del temor ante la pandemia y se lanzaron a la calle con intrepidez. Se respondía así a la total falta de sindéresis del gobierno que, en medio de una alta tensión por las cuarentenas, fallecimientos, hambre, desempleo, quiebra de medianos y pequeños emprendimientos, había hecho pública una reforma tributaria que afectaba de manera drástica a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Se había “rebosado la copa”, dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y uno de los voceros del Comité del paro nacional, quien añadió: “17 millones de personas se acuestan con algún grado de hambre, 12 millones se enfrentan a la informalidad laboral, 4 millones están desempleadas, los jóvenes sin empleo doblan el promedio nacional, 500 mil medianas y pequeñas empresas quebraron y, además , están las cifras del DANE que indican que 21 millones de personas se encuentran en estado de pobreza monetaria, es decir, más de 40% de la población total de Colombia. Y en medio de esta situación el Gobierno propone una reforma tributaria que exprimiría hasta el último centavo del bolcillo de las clases medias y bajas. Ese hecho colmo la paciencia de los ciudadanos. Y se manifestó en el paro del 28 de abril y días siguientes”1.
No fue una ola de manifestaciones y paros, fueron realmente avalanchas que brotaron por todo el país, como nunca había ocurrido. Desde las grandes ciudades y barriadas hasta las más alejadas y pequeñas poblaciones y veredas. El rechazo a las reformas tributarias y de salud, la exigencia de una renta básica de al menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional y de la soberanía y seguridad alimentaria, matricula cero en universidades e institutos públicos para estratos 1,2 y 3, no a las privatizaciones de las empresas del Estado y de los bienes públicos, detener la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y rechazo a las aspersiones aéreas con glifosato y garantía al libre ejercicio de la protesta social, se pide el cumplimiento de los acuerdos entre Gobierno y Farc. Estas son las principales exigencias de la ciudadanía que se viene movilizando. Desde el 28 de abril hasta finales de junio y seguramente continuarán en un ambiente de paro y de tensión que está siendo insospechadamente largo y lamentablemente violento.
Las conversaciones entre representantes del gobierno y el Comité Nacional de Paro han sido intermitentes y tediosas. El Comité Nacional de Paro (CNP) conformado por un espectro amplio de la ciudadanía con alrededor de 40 personas ha tenido jornadas extenuantes de diálogos internos y encuentros con pocos avances con los representantes gubernamentales. El CNP ha dicho que no representa a la totalidad de expresiones amplias y diversas que se vienen manifestando. Los jóvenes que son la gran fuerza y la mayor expresión de la indignación social, habida cuenta de su diversidad, pluralidad, autonomía de los distintos frentes, en cada una y en las distintas regiones del territorio nacional han expresado en varios momentos que el CNP no los representa. En todo caso, el CNP buscando sintonizar con las demandas ciudadanas ha sido un interlocutor valioso y es en general quién convoca o pide un alto a la movilización ciudadana.
Existe una incursión nacional de inmensos sectores de jóvenes, que no quieren y rechazan el sistema de gobierno, la inequidad y la exclusión. Se ha hecho popular la calificación de los ni, ni, esto es, los jóvenes que no tienen trabajo y no tienen estudio, esto no porque no los quieran tener, sino porque no encuentran posibilidades para tenerlos. Se encuentran en la práctica ante un no futuro y se vuelcan para exigir por posibilidades reales para que su futuro sea digno y justo.
Frente al panorama desolador que vive la inmensa mayoría se encuentran sectores sociales y económicos egoístas que se enriquecen cada vez más, como el sector financiero y de seguros que han engordado con la pandemia, en un país que mantiene tristemente la estrella de ser el primero o el segundo más inequitativo de América Latina. Aquí se explica la justificada ira en inmensos sectores urbanos y rurales, aunque en las actuales movilizaciones sociales han sido sobre todo en las grandes urbes, situándose Cali, como paradigma de esta situación, con una explosión social sin precedentes.
Las inmensas movilizaciones han sido en su gran mayoría pacíficas, entusiastas, creativas y artísticas, sin embargo, en algunos casos, sectores minoritarios han realizado grandes destrozos y destrucción de bienes públicos y privados.
La agresividad totalmente desbordada y criminal de sectores de la fuerza pública contra los manifestantes ha producido muerte, heridos, víctimas de lesiones oculares, víctimas de violencia sexual –particularmente mujeres–, personas desaparecidas. También se han producido ataques violentos contra la fuerza pública, llevando al fallecimiento de algunos de sus agentes, como también heridos y lesionados, además se reporta violencia sexual contra una mujer policía. Por las redes sociales la ciudadanía ha podido observar casi en vivo y en directo la agresividad absolutamente condenable de la fuerza pública, que ha conducido a un rechazo general. El gobierno nacional y los gobiernos locales no han sabido manejar el orden público y de alguna manera han envalentonado el actuar desmedido de la fuerza pública.
En la ciudad de Cali se evidenció con extrema gravedad la alianza entre sectores de la fuerza pública y matones civiles armados que codo a codo dispararon contra las movilizaciones y entre ellas la de la minga indígena. Pareciera estamparse un paramilitarismo descarado de nuevo cuyo de estrato 6, que a la vista de todo el mundo empuñan y disparan armas de largo y corto alcance contra la población. En este contexto, parlamentarios de Centro Democrático, liderados por la ahora candidata presidencial María Fernanda Cabal, promueven un proyecto de ley para rearmar a la ciudadanía, argumentado que así se estaría en un ejercicio de la legítima defensa. Quiere ser una vuelta a la renuncia del Estado al monopolio de la fuerza, en favor de los tenebrosos grupos paramilitares.
Desde distintos sectores de la sociedad civil se hizo y se sigue haciendo un llamado al respeto al derecho a la protesta social y su protección. Cuando la violación de derechos humanos irrumpió de manera dramática se pidió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno nacional, se mostró reacio y posteriormente quiso su aplazamiento; sin embargo ante los llamados que se hicieron desde distintos organismos públicos y privados no solo del país, sino también de distintas partes del mundo, el gobierno nacional se vio forzado a aceptar la visita.
La CIDH visitó a Colombia del 8 al 10 de junio pasado y presentó sus observaciones y recomendaciones después de viajar por varias regiones y dialogar con víctimas, representantes del gobierno, el Comité de Paro, organizaciones sociales, activistas de las marchas, con el fin de contribuir a la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social. Las observaciones y recomendaciones que dejaron consignadas están basadas en los estándares del sistema interamericano de los derechos humanos relacionados con el derecho a la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género, el enfoque étnico-racial, el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a periodistas, la libertad de expresión y el acceso a internet, entre otros.
El informe en 48 páginas es una juiciosa y ponderada presentación de las causas que llevaron a la movilización ciudadana, de la grave violación a los derechos humanos, del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, de las afectaciones a derechos fundamentales de terceros y bienes públicos en el marco de la protesta, de los cortes de ruta o bloqueos, para concluir con 41 recomendaciones. El informe de la CIDH puede descargarse en: “Observaciones y recomendaciones Visita de trabajo a Colombia”.
La presión ciudadana ejercida por los paros y las manifestaciones masivas realizadas, ha llevado a algunas resultados y conquistas sociales, entre ellas, el retiro de la lesiva reforma tributaria por parte del gobierno nacional, el retiro a la reforma a la salud que se quería implementar, el establecimiento al menos para el año 2021 de matrícula cero para estudiantes de estratos 1,2 y 3, en Universidades e Institutos públicos, un subsidio económico para la población con menores ingresos, que se puede constituir a futuro en el establecimiento de una renta básica.
Las movilizaciones y los paros nacionales están mostrando un creciente empoderamiento ciudadano en la exigencia de un país más equitativo, el rechazo a la corrupción en el ejercicio de la administración pública y el reclamo por la implementación de los acuerdos de paz. No cabe duda de que, en las movilizaciones sociales, los jóvenes son quienes han estado a la vanguardia con una constancia que nunca se había visto. Existe una gran expectativa por las implicaciones que el paro y la movilización social que se está llevando a cabo pueda tener en las próximas contiendas electorales que se llevaran a cabo en el primer semestre del año 2022, tanto en las elecciones parlamentarias, como en las presidenciales.
Expresidente Santos reconoce gravedad de falsos positivos ante la CEV
El expresidente Juan Manuel Santos se presentó ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad2 el pasado 11 de junio para contribuir al esclarecimiento de la verdad de la guerra en Colombia y en particular sobre las ejecuciones extrajudiciales, conocidos popularmente como falsos positivos, catalogados como crímenes de lesa humanidad. En el periodo de gobierno presidencial de Uribe Vélez, y específicamente del 2002 al 2008, fueron documentados por la JEP, 6.402. Cabe recordar que Santos se desempeñó como ministro de Defensa entre el 2.006 y 2.009, por tal razón es conocedor de primera mano de este aberrante proceder de las fuerzas militares de Colombia.
El P. Francisco De Roux, presidente de la CEV, quien presidió el acto señaló: “Esta contribución del expresidente Santos es de la mayor importancia, porque la Comisión quiere contribuir a que comprendamos por que el país se vio metida en esa realidad tan dolorosa que hemos escuchado de las víctimas a fondo y que también hemos escuchado por parte de miembros de las fuerzas militares que reconocen su responsabilidad en lo que aconteció”. Y agregó: “Estamos convencidos de que la verdad nos hará libres y nos mostrará caminos para que hacia el futuro podamos construir mucho mejor y con una seguridad mucho más tranquila y clara, que es lo que los colombianos queremos”.
Santos explicó el porqué de su presencia para hablar de este doloroso tema en la vida del país: “Yo tomé la iniciativa hace algún tiempo. Yo dije que me gustaría aportar esta verdad, sobre todo en el tema que a todos nos ha dolido muchísimo, que es el de los falsos positivos. Creo que el país debe conocer esta verdad y lo hago con entusiasmo porque sé de que la verdad es la base de esa reconciliación que todos buscamos”.
Santos reconoció que estos asesinatos respondieron a la presión ejercida a los militares en esa época para producir bajas. Reconoció que cuando inició como jefe de la cartera de defensa escucho historias sobre “posibles actuaciones irregulares”, pero al considerarlos rumores no les dio credibilidad, pero después de un tiempo se dio cuenta de ello por la presión sobre las fuerzas militares y los resultados que mostraban, sacando “a relucir el número de bajas –casi siempre de primero– como uno de los indicadores más importantes en los informes y partes que nos daban (a Uribe y a Santos) los comandantes de turno”.
Santos continuó diciendo que después de recibir testimonios de fuentes creíbles en 2007, se quitó el velo de los ojos. Precisó que La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja y el viceministro, Sergio Jaramillo, fueron sus fuentes confidenciales que tejieron con la información sobre los falsos positivos y se la entregaron. A partir de allí, el ministro de Defensa tomó drásticas medidas en contra de estos procedimientos. “Más de la mitad de las directivas ministeriales que produjimos ese año estaban dirigidas a atacar ese horripilante fenómeno”.
Recordó el expresidente sus diferencias con Uribe sobre el conflicto y sobre la manera de combatir a las Farc, mientras que Uribe buscaba la liquidación militar, Santos indica que él buscaba debilitarlas con una derrota estratégica para forzarlas a negociar.
Santos invitó al ejército a pedir perdón, pero también consideró que era difícil que lo hiciera dado su carácter de cuerpo y su espíritu conservador.
El expresidente y premio Nobel de paz, concluyó diciendo: “Les agradezco a todos los que tanto contribuyeron a investigar, denunciar y acabar con semejante degradación de la guerra con las Farc; una guerra que, por fortuna, terminó. Pero me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las treinta de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada; unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas las familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”.
Al terminar su intervención el expresidente entregó al P. De Roux una serie de documentos que fundamentarían lo expuesto.
Las reacciones ante las declaraciones del expresidente Santos ante la CEV, fueron de todos los tonos. Jacqueline Castillo, vocera de las Madres de “Falsos Positivos” de Soacha y Colombia, dijo: “Es valioso que reconozca que pasó y que fueron asesinatos contra civiles, contra chicos que no fueron guerrilleros, pero esperamos que nos dé la cara a las víctimas”.
Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, uno de los primeros jóvenes asesinados por soldados adscritos a la Brigada V del Ejército, con sede en Floridablanca, Santander, el 8 de febrero de 2008, manifestó: “Santos tiene el pecado en la frente, que todo el mundo se lo ve”, agrega y aún recuerda que durante sus dos periodos presidenciales no recibió a las madres de los muchachos de Soacha asesinados en Santander y Norte de Santander. “Le mandamos más de 50 cartas y lo más cerca que pudimos estar fue cuando hablamos con Angelino Garzón (el vicepresidente)”3.
Rodrigo Londoño, jefe del partido Comunes, indico: “Es una contribución a la paz y a los derechos de las víctimas. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder y responsabilidades sin asumir por el Estado”.
Antonio Caballero, escritor y periodista, escribe en su columna del 20 de junio: “Es muy importante y valiente, la declaración del expresidente Juan Manuel Santos sobre los millares de falsos positivos, de asesinatos de civiles inocentes disfrazándolos de guerrilleros, cometidos por el ejército cuando él era ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe…..Y es muy cobarde la respuesta del uribismo en pleno, empezando por su jefe, negando la existencia de esos crímenes y asombrosa la negativa del autoproclamado “frentero” expresidente Uribe a declarar ante la Comisión de la Verdad que investiga los hechos más atroces del conflicto armado”.
Para el uribismo, con Uribe a la cabeza, Santos mintió ante la CEV. El expresidente Uribe confirmó que no aceptará la invitación del P. Francisco De Roux para presentar su versión ante la institución que preside, pues no reconoce la legitimidad de un organismo surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.
La senadora y hoy candidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, calificó a Santos y a Francisco de Roux, como “mitómanos narcisistas”. Cabal dijo que resultaba sorprendente verlos “escucharse sus mutuas fantasías. Pobre Colombia soportar tanta ignominia”.
La representante a la Cámara, Margarita Restrepo, señaló: “Santos fundó su accionar político en la mentira, el engaño y la traición. Su esencia es dividir, distorsionar la realidad, para lograr rédito político”.
El proceso de construcción de la verdad sobre el conflicto armado interno en Colombia y la diversidad de violencias padecidas, es un trabajo complejo e inmenso que viene adelantando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. No será posible abarcarlo todo, por esa razón se han concentrado en casos ejemplares y en macroregiones donde con mayor intensidad se ha vivido la violencia, que desafortunadamente no ha parado. Las declaraciones del expresidente Santos y los documentos allegados a la CEV buscan contribuir a ese esclarecimiento de la verdad y como él mismo lo señaló lo hace desde lo que él considera es “su verdad”.Edición 740 – Semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2021
1 “La gente opta por morir de hambre o por salir a la calle”, entrevista a Francisco Maltes, El Espectador, 9 de mayo 2021.
2 “Pido perdón desde lo más profundo de mi alma”: Juan Manuel Santos a víctimas de falsos positivos. Portal web Comisión de la verdad, junio 13 de 2021.
3 “Lagrimas de Santos no conmovieron a víctimas de falsos positivos”. Presentación del expresidente Santos ante la CEV. Portal Verdad Abierta, junio 14 de 2021.
*Jaime H. Díaz A. PhD.: Director Corporación Podion
Fuente: SEMANARIO VIRTUAL CAJA DE HERRAMIENTAS
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