En Uruguay la sociedad rechazó la privatización de OSE realizada por los
gobiernos neoliberales, a través de un plebiscito de Reforma Constitucional
que fue aprobado en 2004 con más del 64% de los votos. Esta Reforma implicó que en nuestra Carta Magna, el agua sea considerada esencial para la vida y es el primer país del mundo que incluye el agua como un Derecho Humano.
Sin embargo, el directorio de OSE autorizó en febrero de este año (Resolución de Directorio 195/21 del 24 de febrero de 2021) la realización de estudios para un proyecto impulsado por un consorcio de empresas privadas para la instalación de una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí/Bocas del Cufré en el departamento de San José.
Sin tener información oficial del proyecto por su confidencialidad, desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida manifestamos nuestra preocupación por:
a) El manejo en secreto de un proyecto referido al derecho humano al agua
en el país, que debería ser de amplia información entre toda la población;
b) La posibilidad de que la planta a construir sea operada por privados, lo
que contradice la Constitución de la República y la voluntad popular;
c) La incertidumbre con respecto a la fuente de financiamiento para la
construcción de la planta. ¿Una vez más será la sociedad a través de la tarifa
del servicio de agua la que termine subsidiando a los privados que se enriquecen explotando bienes públicos?;
d) La ausencia de consulta e información en los ámbitos creados por la
Constitución (art. 47) y la Ley (18.610) para la participación en torno a la gestión del agua, como las Comisiones de Cuenca y los Consejos Regionales.
Ver Documento del Proyecto Neptuno: Un nuevo intento de privatización del agua
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