El próximo 1° de agosto se realizará una consulta a nivel nacional cuya pregunta plantea si se está de acuerdo o no en iniciar un proceso de esclarecimiento y justicia sobre las políticas decididas por actores políticos del pasado. Aprobada por la Cámara de Senadores y modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre-octubre del 2020, tras la petición hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien en su planteamiento inicial señalaba a los cinco ex presidentes del periodo neoliberal Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, “perdonando” a Luis Echeverria Alvarez de aparecer como el sexto expresidente acusado, quien sigue impune no solo por su responsabilidad en las matanzas estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, sino además por el crimen de desaparición forzada.
Sin embargo, la consulta es ya un hecho histórico, no solo por ser la primera vez que se realiza un ejercicio democratico de este tipo, sino porque es un episodio más en la lucha del pueblo mexicano en contra del régimen neoliberal que aún no acaba de morir. También resulta incómoda para las instituciones del Estado, para los partidos que sostuvieron el régimen neoliberal, para los actores políticos más sobresalientes de ese periodo, para quienes se beneficiaron del saqueo y la violencia, para la actual oposición de derecha; pues de ganar el sí en la consulta -alcanzado la participación del 40% del padrón requerida por la ley- generaría una coyuntura política que tendría que obligar a las instituciones del Estado a esclarecer crímenes que hasta la fecha han quedado en la impunidad, pese a la presión social en la búsqueda de justicia.
Los obstáculos de la consulta.
En la consulta sobresalen varios obstáculos que podrían impedir el escenario donde gane el sí en la consulta logrando una participación del 40%. El primer obstáculo es el Instituto Nacional Electoral, quien pese a ser el encargado de realizar la consulta ha optado por una actitud saboteadora que reduce el impacto de la misma, por ejemplo, alegando una falta de presupuesto instalará solo 57 mil casillas, en comparación con las 162 mil que se instalaron el 6 de junio pasado para las elecciones intermedias; o dedicado un corto periodo para la difusión, pues éste se realizará del 15 de julio al 1° de agosto.
Por otro lado, la ambigüedad de la pregunta no corresponde con la idea que ha ido tejiendo un sector de la población pensando que la consulta servirá para enjuiciar y castigar a los expresidentes del periodo neoliberal, pues la pregunta que propuso la SCJN dice: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La ambigüedad resulta problemática pues de ganar el sí en la consulta, será vinculante para los tres poderes de la unión: ejecutivo, legislativo y judicial, sin embargo es este último, representado por la SCJN quien notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención; pareciera que la SCJN hizo una pregunta ambigua garantizando que sea ella quien haga el ejercicio de interpretación sobre lo que procede. Agreguemos a esto que los efectos vinculatorios de la consulta tienen la vigencia de tres años a partir de que sea declarada como válida ¿en tres años se lograrán esclarecer y enjuiciar crímenes que se han mantenido tantos años en la impunidad?
Ahora bien, sin tomar en cuenta la ambigüedad de la pregunta y la actitud del INE, pues es un hecho que millones de personas irán a las urnas a votar por el sí, el principal obstáculo de la consulta popular es el requisito de participación mínima necesaria para vincular el resultado a un proceso institucional, pues la ley establece que la participación debe ser de al menos el 40% de la lista nominal de electores, es decir, que independientemente de si votan sí o no el total de la participación debe alcanzar cerca de 38 millones de personas. A partir de esto, las fuerzas opositoras a la consulta le han apostado al abstencionismo, pues si participan votando no estarían sumando sus votos al 40% necesario; por otro lado, la consulta popular se llevará a cabo en medio de un ascenso acelerado de la tercera ola de contagios de COVID-19, lo que claramente influirá en que un sector de la población decida no participar.
Contemplando estos obstáculos es muy probable que el escenario del próximo 1° de agosto sea el de una victoria del sí con millones de votos pero insuficientes para alcanzar el requisito de la participación mínima necesaria para su vinculación. Se ganaría pero sin repercusiones institucionales, sin embargo hay que ir a votar por el sí, pues es una oportunidad para expresar el repudio masivo contra el neoliberalismo, como los expresa el posicionamiento del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores: votar por el sí, pero movilizarnos contra el neoliberalismo.
La necesidad de la movilización.
El resultado de la consulta será una manifestación más del hartazgo y rechazo al régimen neoliberal, que se expresó masivamente en las elecciones del 2018, y como tal, es probable que se enfrente también a una reedición de la dinámica de desmovilización que se impuso tras las elecciones del 2018, agudizada ahora por las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia por el COVID-19. La desmovilización a la que nos referimos es un proceso de abandono de las calles, de repliegue de las iniciativas políticas y del cambio de estrategias de algunas organizaciones sociales, con la consigna de esperar/darle tiempo al presidente/gobierno para resolver los conflictos y revertir las políticas neoliberales que han generado violencia, despojo, miseria y pérdida de derechos.
El resultado de esta dinámica se expresa en la pervivencia del andamiaje neoliberal, las dificultades para desmontarlo desde sus cimientos y la falta de una estrategia efectiva para resolver los conflictos sociales que ha originado. El riesgo de esta dinámica está en esperar y que no suceda nada. Es por eso que destacan, en los últimos tres años, las movilizaciones feministas contra la violencia patriarcal, las resistencias de pueblos originarios contra megaproyectos, las iniciativas sindicales, de trabajadoras y trabajadores para mejorar las condiciones laborales, y la incansable búsqueda de justicia del movimiento de víctima; pues son la expresión de una dinámica distinta, que no espera la solución sino que busca construirlas a través de la organización y la movilización, la mayoría desde una perspectiva antineoliberal -incluso en algunos caso desde una perspectiva anticapitalista y antipatriarcal- pese al intento de la derecha por montarse en los movimientos y pese del discurso de desprestigio que fomenta el gobierno.
En estas dos dinámicas -o dos vías- se expresa el hartazgo y rechazo al régimen neoliberal. Es por eso que es necesaria una lectura estratégica de la consulta popular, pues existe la posibilidad de romper la dinámica de desmovilización apuntalando un proceso de movilización para reclamar la justicia pendiente, no solo en los casos más representativos, sino también para un amplio sector de personas que han sido víctimas de las políticas neoliberales. Por otro lado, si consideramos que el escenario más probable es que gane el sí pero sin alcanzar el requisito de vinculación, es necesario plantearnos la construcción de una articulación, con independencia política del gobierno, que ubicándose a la izquierda empuje una movilización que vaya más allá del 1° de agosto.
Ir más allá del 1° de agosto.
La consulta plantea una pregunta ambigua, pensada para que la voluntad popular sea interpretada por las instituciones, pues el resultado de ser vinculante permitiría a la SCJN, al Congreso de la Unión o al presidente, darle el sentido que quieran al enunciado que aparece en las boletas. De ahí que la consigna enjuiciar a los ex presidentes tiene una importancia política, pues busca establecer desde ahora el sentido con el que el pueblo irá a las urnas. Con esa consigna se ha levantado una campaña que destaca los crímenes, privatizaciones, políticas de despojo, etc. por los que se acusa a los cinco ex presidentes del periodo neoliberal aún vivos, la cual es sostenida en su mayoría por colectivos y personas a título individual entre militantes de MORENA, simpatizantes de AMLO o que comparten la idea de una necesaria transformación del país.
Sin embargo, la ambigüedad de la pregunta nos permite pensar en la posibilidad de ir más allá de enjuiciar a los ex presidentes, pues señala que se trata de actores políticos que tomaron decisiones en el paso, o sea, nos permitirá enjuiciar a los Cienfuegos, a los Barletts, a las Margaritas, a los Lozanos, los Larreas, por mencionar algunos casos. El discurso de ir más allá de solo los ex presidentes está presente, aparece por ejemplo en la campaña sostenida por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) quienes el 18 de agosto del años pasado presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra de Felipe Calderón, pero mencionando una larga lista de ex funcionario -secretarios y secretarias de Estado, ministros de la SCJN, diputados del PRI, PAN y PRD, entre otros- que fueron cómplices de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro en 2009. En el marco de la consulta popular el SME – junto con la Nueva Central de Trabajadores y Trabajadoras (NCT), la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)- ha desplegado una campaña propia a favor del sí, sosteniendo la consigna de enjuiciar a los ex presidentes pero yendo más allá, nombrando a los ex funcionarios que también deben ser juzgados.
Ir más allá de los ex presidentes pasa por romper el pacto de impunidad que se resiste a morir, el cual de alguna manera ha mantenido el gobierno actual mediante actos como la liberación de Cienfuegos, la política de perdón promovida en los primeros meses del gobierno -al estilo de la política del punto final aplicada en los países latinoamericanos sometidos a la violencia de los regímenes militares-, el mensaje de que no habría revancha que AMLO le dio a Peña Nieto el 1° de diciembre de 2018, el avance de la militarización, entre otros; todos estos gestos, característicos del gobierno actual, apuntan a mediar o impedir un enfrentamiento al interior de las instituciones. Pues el espacio de una investigación y posterior sanción de los actores políticos por sus decisiones pasadas es dentro de las instituciones, se tendrían que remover entre sus intestinos laberintos para esclarecer los crímenes que ha mantenido en la impunidad; en ese sentido la consulta popular permite poner a las instituciones del Estado contra sí mismas; se enfrentarían a un desbordamiento de su cauce legal pues actualmente no existen los mecanismos suficientes para satisfacer a tarea de esclarecimiento y acceso a la justicia, pues existe un gran número de casos que están pendientes. Para conocer la profundidad de este problema debemos voltear a ver y escuchar a las víctimas de la política neoliberal ¿Quienes componen aquello que se denomina las víctimas?
En el centro se encuentran todas las personas que sufrieron la violencia a través de desapariciones forzadas, feminicidios, asesinatos, masacres, agresiones sexuales, y un sin fin de formas particulares de llevar la guerra hasta el último recoveco de la vida; como lo confirman distintos posicionamientos de grupos, colectivos y frentes de víctimas, como el Colectivo de Familiares y Amigos de desaparecidos de Tamaulipas, quienes llaman a votar por el sí, reclamando un lugar central -reclamo que es legítimo- en el acceso a la justicia.
Junto a estas millones de personas se encuentran todas las personas que fueron despojadas de sus tierras, trabajos, viviendas, aguas, bosques, mares, y de un sin fin de espacios que fueron entregados a la acumulación del capital; como las resistencias del Congreso Nacional Indigena o del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Junto a las víctimas de la guerra y el despojo se encuentran todas aquellas personas que tienen memoria de los fraudes, endeudamientos y privatizaciones, quienes han visto negados sus derechos para entregar a la regulación del mercado los servicios de salud, agua, educación, energía eléctrica, telecomunicación, entre otras. Podríamos decir que hay millones de víctimas del neoliberalismo ¿Por dónde empezar?
El planteamiento de una Comisión de la verdad y la justicia enunciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es un punto de apoyo para ensayar una articulación de las víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano. Una articulación que permita movilizarnos y organizarnos, desde la izquierda. Una articulación que permita la convivencia de las víctimas de la mal llamada “guerra contra el narco”, con las víctimas de feminicidio, con las víctimas de la violencia del Estado como en el caso del despido masivo que enfrentó el SME tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con las víctimas de la desaparición forzada como los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre muchos otros casos. Una articulación que nos permita acompañar. Una articulación que nos permita denunciar las violencias que permanecen, las que asesinan a más de 10 mujeres diariamente, las que hostigan, desaparecen o asesinan a quienes defienden el territorio, las que permitan que una madre que busca a su familiar desaparecido sea asesinada con toda impunidad. Una articulación que nos acerque a las transformaciones necesarias para desmontar el andamiaje neoliberal que aún garantiza la existencia de los mecanismos de violencia, despojo, miseria y vioalción a los derechos humanos.
El día siguiente a la consulta, es seguro que el resultado expresara un voto masivo por el sí, con una mayor probabilidad de que no se alcance el 40% de participación necesaria para lograr el carácter vinculatorio de la pregunta. Es por eso que es necesario buscar los mecanismo para abrir un diálogo/debate con el objetivo de articular las luchas a partir de demandas concretas -más allá de la consigna de juicio a los ex presidentes-, proponiendo jornadas de lucha por la justicia, articulando el acompañamiento que amplios sectores de la sociedad han manifestado en otros momentos, aprovechando la masiva expresión que habrá en la consulta del 1° de agosto. Urge ensayar la vía de la movilización para desmontar el andamiaje y continuar el combate contra el régimen neoliberal que aún se resiste a morir.
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