Ana Carvalhaes* e Israel Dutra**
En una de las regiones que más contribuye al elevado número de casos y muertes por Covid-19, en medio del caos sanitario, al desempleo, al hambre y a la creciente desigualdad, la juventud de las periferias urbanas, estudiantes y trabajadores, campesinos, ribereños, negros e pueblos originarios encuentran formas de levantarse en defensa de la vida, contra los planes de austeridad asesinos de los gobiernos de derecha o centroderecha.
El «Paro Nacional» colombiano del 28 y 29 de abril abrió un período de masivas protestas diarias en aquel país, en una unidad sin precedentes de los movimientos urbanos, rurales, indígenas, ecologistas y de los jóvenes desempleados – estos últimos, la vanguardia de los violentos enfrentamientos que se saldaron, en los primeros veinte dias, con 47 muertos (39 de ellos por el tristemente célebre Esquadrão Móvil Antidistúbios, el Esmad), casi 600 desaparecidos, 968 encarcelamientos arbitrarios y 12 denuncias de violencia sexual por parte de las fuerzas represivas (datos del 14/05/2021)[i].
Enfrentándose a tanques y helicópteros de la represión, la movilización hizo que el gobierno diera marcha atrás en la reforma fiscal que acabó con la paciencia del pueblo, derrocando al Ministro de Economía y a la Canciller. La brutalidad represiva funcionó como gasolina en el fuego del descontento, aisló al país internacionalmente (Biden y la ONU pidieron calma y diálogo, ante el clamor contra la masacre), pero no impidió que continuaran las protestas callejeras y los cierres de avenidas y carreteras. Al mismo tiempo que alentaba la más bárbara represión, el gobierno uribista[ii] de Iván Duque convocó una Mesa de Diálogo con las Coordinadoras de Paro, para simplemente no ofrecer nada a cambio de la suspensión de los actos. Por su parte, Gustavo Petro, líder de la centroizquierdista Colombia Humana y principal figura de la oposición, se vio como favorito para las elecciones de 2022 y aprovechó esta condición para llamar a la paz social y desalentar la confrontación con Duque. En las calles, sin embargo, los jóvenes organizados para el enfrentamiento desigual dijeron que preferían morir de tiros luchando que morir de Covid y de hambre.
Sea cual sea el resultado de la contienda actual, lo que está ocurriendo en Colombia es un símbolo de los grandes dilemas económicos y sociopolíticos de la macrorregión. Sumidos en una crisis mundial imprevista, privados de las extraordinarias ganancias del boom de las materias primas de las primeras décadas del siglo, los gobiernos neoliberales necesitan, más que nunca, recurrir a planes de austeridad: recortes del gasto social, aumentos de impuestos y precios, privatizaciones. Con este objetivo, niegan las necesidades cada vez mayores de los pueblos, sumidos en la pobreza y la miseria, multiplicadas gracias a la reciente recesión. Tienen toda la disposición para imponer sus planes por la fuerza con rifles, bazucas, tanques y ahora helicópteros. Pero en algún momento surge una chispa, como el aumento de impuestos de Duque (o el aumento de la tarifa del metro de Piñeira, o el aumento de los combustibles de Lenin Moreno), que detona la caldera de la furia popular.
La furia y las movilizaciones, incluso las heroicas como las llevadas a cabo por la juventud colombiana, no son suficientes por sí solas para cambiar los trágicos rumbos de un continente colonizado por las finanzas globales, enfermo por Covid y contagiado por el fenómeno global de la ultraderecha postfascista. Con la certeza de la continuidad de las luchas sociales, a partir de ahora, incluso con mayor probabilidad, debido al empobrecimiento causado por la pandemia, la contraofensiva neoliberal de los últimos 40 años no se cerrará, aunque las opciones de la derecha son menos fuertes que hace dos o tres años, y podrían debilitarse aún más con nuevas batallas en las calles y en las urnas.
La experiencia de los pueblos y trabajadores latinoamericanos con el neoliberalismo y sus «monstruos» más o menos feroces (Bolsonaro, Duque, Piñera, Lasso, Lacalle) continuará y se profundizará. Basta pensar en Ecuador: ¿Cómo logrará el banquero Lasso imponer su receta de «apretarse el cinturón» y someter al país a los dictados de las corporaciones financieras, frente a una sociedad compleja, organizada y experimentada en derrocar o desgastar a los gobiernos que la enfrentan?
El próximo período será de más choques y agitación social. Tendremos más posibilidades de victorias parciales si la izquierda institucional no echa un jarro de agua fría a la voluntad de lucha y no entorpece la organización desde la base, con la conocida tendencia a canalizarlo todo hacia la disputa electoral.
La actual crisis económica mundial sin precedentes y el recrudecimiento del enfrentamiento entre EE.UU. y China hacen imposible la repetición de un nuevo período más o menos largo de estabilidad basado en el modelo de una época en la que el mundo crecía y EE.UU., Europa, China y Rusia coexistían sin mayores tensiones. Los casos de Ecuador, Bolivia, Chile y Perú apuntan en la dirección de un creciente espacio social y político para la construcción de alternativas anticapitalistas.
El “terremoto” chileno
La catástrofe pandémica, desde el Río Grande hasta la Patagonia, no ha impedido que las luchas y los choques político-ideológicos se expresen en el terreno de las elecciones. Chile es sin duda el ejemplo más avanzado.
El resultado de la «megaelección» del 15 de mayo muestra una contundente derrota de la derecha – que no logró los dos tercios de los diputados constituyentes necesarios para vetar los avances antineoliberales-, también derrotó a la «izquierda comportada» de la alianza de la Concertación (Partido Socialista y Democracia Cristiana), que gobernó el país durante 24 años (1990-2010 y 2014-2018)[iii]; apalancó a fuerzas alternativas de izquierda, como el Partido Comunista[iv] y las agrupaciones de lo que fue el Frente Amplio. Pero sobre todo, representó la invasión de la institucionalidad chilena por parte de los llamados «independientes», entre los que se encuentran muchos de la izquierda anticapitalista.
El fenómeno del independentismo[v] en Chile -candidatos que surgieron al margen de los partidos, a través de listas de partidos de izquierda, movimientos sociales o listas comunitarias, y que hoy son constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales-, sumado a la gran abstención (cercana al 60%), confirma el tamaño y la profundidad de la crisis de representatividad del sistema político chileno de los últimos 31 años.
La composición de la Convención también expresa el tamaño de la victoria popular que fue la Constituyente en esos moldes: paridad de género, participación garantizada de los pueblos indígenas (17 escaños de 155), posibilidad de candidaturas y coaliciones fuera de los partidos tradicionales. Es la primera Asamblea Constituyente en la historia del mundo en la que hay prácticamente el mismo número de hombres y mujeres: 78 y 77, respectivamente. El avance de las mujeres en Chile para ocupar espacios de representación fue tan abrumador que se tuvo que aplicar el mecanismo de paridad (se preestableció que habría igual número de candidatas que de candidatos, más un mecanismo de ajuste que garantizaría la igualdad de todos modos) para garantizar el mismo número de hombres, ya que se eligieron 84 mujeres y 71 hombres. En otras palabras, 7 mujeres tuvieron que ceder su lugar a los hombres para garantizar el equilibrio.
Estos elementos sólo se explican por la grandeza y profundidad del levantamiento antisistémico de octubre de 2019, además de la fuerza de la lucha de las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios.
Ecuador y Bolivia
En este mismo contexto de placas sociales tectónicas que se mueven dentro de las sociedades, se celebraron elecciones en otros dos países andinos a principios de abril. En Ecuador, el banquero Guillermo Lasso derrotó a Andrés Arauz, heredero de Rafael Correa (57,58% a 47,48%) en una segunda vuelta electoral. En aquella, en febrero, la ínfima diferencia entre Lasso y Yakku Pérez, del Movimiento Plurinacional Patchakutik, fue cuestionada por los movimientos sociales, reforzando la opción de los indígenas de llamar al voto nulo «ideológico». El resultado es que el gobierno de Ecuador vuelve a manos de un representante directo de la clase empresarial, después de 35 años, con un programa frontalmente ultraliberal y con la terrible contradicción de enfrentarse a un pueblo invicto y a una oposición de izquierda con amplia mayoría en la legislatura, que eligió como presidente a un diputado del Patchakutik.
En Bolivia, las elecciones para la dirección de los departamentos de La Paz, Tarija, Chuquisaca (donde se encuentra Sucre) y Pando fueron derrotas para el MAS. Sus candidatos perdieron en todas las regiones, aunque el movimiento social y político de Evo Morales sigue siendo la única fuerza partidista nacional. En general, el MAS tomó la «gobernación» de tres de los nueve departamentos del país (Cochabamba, Oruro y Potosí), como en 2005. Perdió en ciudades importantes como La Paz (donde un ex ministro de Añez ganó la alcaldía), Cochabamba y la estratégica El Alto.
Los números generales y, en particular, el desempeño de candidatos vinculados a movimientos que alguna vez fueron del MAS o arrastran bases masistas (como la ex senadora Eva Copa, ahora alcaldesa de El Alto, y los gobernadores electos de La Paz y Chuquisaca) elevan la temperatura del debate interno en el partido-movimiento de Evo, en el que se cuestionan fuertemente las elecciones de candidatos «a dedo» del ex presidente. El gran partido-movimiento heredero de las luchas y victorias de décadas pasadas está hoy dividido en tres alas: por un lado Evo Morales, dispuesto a transformarlo en una versión boliviana del PSUV de Maduro, en un evidente rumbo autoritario; por otro, aunque muy cercano a Evo, la agrupación neoliberal más tecnocrática representada por el actual presidente Luis Arce; y en tercer lugar las bases de la Bolivia profunda, que se identifican con el vicepresidente Davi Choquehuanca -frente al rumbo que Evo pretende imprimir al «instrumento político».
No hay ningún «ciclo conservador» en alza
A partir de este cuadro general, al que hay que añadir la disputa en curso para garantizar la investidura de Pedro Castillo en Perú, es posible señalar inicialmente los elementos que conformarán la situación política de la región en el próximo período. La crisis de múltiples caras del capitalismo global se expresa también regionalmente por una tremenda crisis de los regímenes democrático-burgueses (más o menos grave de un país a otro), que se agrava, en lugar de resolverse, por el crecimiento aquí y allá de las alternativas neofascistas. El fracaso de las opciones neoliberales cosmopolitas de principios de siglo (Menem, FHC, el PRI mexicano, Piñeira, Lozadas y Mesas en Bolivia) y la ausencia, por el momento, de una izquierda anticapitalista de nuevo tipo, indican que las próximas disputas tendrán lugar entre opciones neoliberales-oligárquicas (más o menos debilitadas), por un lado, con herederos del llamado «progresismo» que gobernó durante buena parte del presente siglo.
Con la casi segura continuidad de las luchas sociales, a partir de ahora, incluso con mayor probabilidad, debido al brutal empobrecimiento causado por la pandemia, no se cerrará la contraofensiva neoliberal de los últimos años, aunque estas opciones sean menos fuertes que hace dos o tres años, y podrían debilitarse aún más con nuevas batallas en las calles y en las urnas. La experiencia de los pueblos y trabajadores latinoamericanos con el neoliberalismo y sus «monstruos» más (Bolsonaro) o menos exóticos (Duque, Piñera, Lasso, Lacalle) continuará y se profundizará.
A pesar de todas las diferencias entre las distintas sociedades de la región (de experiencia de lucha, de organización, con las derrotas o victorias recientes), las alternativas capitalistas autóctonas, profundamente asociadas a los Estados Unidos, no tienen un proyecto que pueda dar las respuestas económicas, democráticas y de soberanía nacional necesarias para superar las tragedias sanitaria, ambiental y social del mundo de la Covid. Sus planes de superexplotación y autoritarismo (abierto o disfrazado) seguirán chocando con las demandas por vacunas, hospitales, empleo, ingresos, educación, vivienda y transporte y, sobre todo, el derecho a organizarse y luchar por sus vidas.
No habrá progresismo como antes
No se ha abierto ni es probable que se abra un «nuevo ciclo» del llamado «progresismo», categoría bajo la cual se han clasificado experiencias tan diferentes como los procesos de Venezuela y Bolivia (con pugnas frontales con el imperialismo) y, por otro lado, los social-liberales de la «Concertación» chilena, del Frente Amplio uruguayo y del PT en Brasil (este último, además, con pretensiones y prácticas subimperialistas). En otras palabras, es poco probable que se repita la hegemonía regional de gobiernos de centro-izquierda o de izquierda con mayores o menores rasgos antiimperialistas, en condiciones de promover un cierto redistribucionismo. Esto no significa negar la importancia de las victorias del MAS en Bolivia, de AMLO en México, del independentismo chileno, de Pedro Castillo en Perú, ni descartar la posibilidad de que Lula vuelva a presidir Brasil.
La cuestión es que el «progresismo» de la primera década del siglo, tanto en su cara más bolivariana como en la más social-liberal, fue el resultado de unas condiciones económicas y políticas globales (y también domésticas) muy concretas, que no se repetirán. El relativo éxito de los llamados gobiernos «progresistas» se sustentó también en lo que fue (y es, véase la situación actual de Venezuela) su limitación estructural: se nutrieron del boom de las materias primas, creando modelos de desarrollo extractivistas que tendían a reforzar el carácter agrario-exportador (y por tanto colonial y depredatorio) de las economías de la región. En la versión social-liberal, pensando en lo interno, construyeron conscientemente coaliciones de clase entre las fuerzas populares y sectores más o menos amplios de las clases dominantes -que luego desembarcaron de estos proyectos y no parecen dispuestos a volver a experimentarlos.
La actual crisis económica mundial sin precedentes y el agravamiento del enfrentamiento entre EE.UU. y China (por no hablar de EE.UU. frente a Rusia) hacen imposible la repetición de un nuevo período más o menos largo de estabilidad basado en el modelo de una época en la que el mundo crecía y EE.UU., Europa, China y Rusia coexistían sin grandes tensiones.
Desgraciadamente, las opciones progresistas no han superado este modelo y siguen llamando a los pueblos a creer que es posible «volver a empezar», como si nada hubiera cambiado, como si no hubieran gobernado y se hubieran desgastado ante sus partidarios y las nuevas generaciones de activistas, chocando con sus demandas. Como señalaba Franck Gaudichaud en una reciente entrevista para L’Humanité: «América Latina -como el resto del mundo- ha entrado en un periodo de fuertes turbulencias, que combina una gigantesca crisis económica, el impacto muy significativo de la crisis sanitaria en sociedades estructuralmente desiguales, la profundización de la crisis de la biosfera y del clima y, finalmente, una nueva polarización social, política e ideológica». (https://www.humanite.fr/franck-gaudichaud-en-amerique-latine-le-bilan-de-la-restauration-neoliberale-est-catastrophique)
Es evidente que, más aún con la existencia de una extrema derecha ultraliberal y conservadora, es correcto situarse para luchar codo a codo con los sectores «progresistas» e incluso, eventualmente, para unirse a ellos o apoyarlos en las elecciones. Pero el debate estratégico se empobrece cuando el pensamiento y la acción se encierran en esta táctica – el frente único de Lênin y Trotsky. Porque no toda la amplia «izquierda social» latinoamericana (activismo más electorado) es disciplinadamente «progresista», como lo fueron las bases de los partidos obreros europeos del siglo XIX. Es necesario ganarse también a los que nunca lo fueron y a los que se han desilusionado. Y porque la disputa por la conciencia de los pueblos y los trabajadores no se hace exclusivamente a través de una sola táctica.
En las grandes luchas sociales de los últimos años, especialmente las más recientes (Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, México, incluso Argentina, Brasil y ahora en Paraguay y Colombia) han surgido y siguen surgiendo cientos de miles de activistas antisistémicos[vi], en los que los movimientos de barrios periféricos, feministas, antirracistas ambientalistas, de los pueblos originarios, del campo, de las comunidades LGBTQI, de los jóvenes estudiantes, de los maestros y de los asalariados de las nuevas aplicaciones, todos con banderas que chocan con las limitaciones del «progresismo» clásico porque chocan con las condiciones de vida impuestas por el capitalismo contemporáneo.
Los casos de Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, aunque electorales, expresan las tremendas contradicciones, problemas y desafíos que la nueva situación latinoamericana trae consigo, problemas para la derecha, para la izquierda tradicional y para quienes se proponen construir una nueva alternativa anticapitalista, ecológica, feminista, antirracista y democrática. Estos ejemplos recientes confirman, cada uno a su manera y con diferente intensidad, que existe un espacio social y político -mayor en Chile y Perú, menor en otros lugares- para la construcción de alternativas anticapitalistas con programas que, surgiendo de las luchas sociales, avancen en las respuestas a la desigualdad de todo tipo, al racismo, al hambre, a los regímenes corruptos, a la violencia policial-militar, a la destrucción del medio ambiente, al etnocidio de los pueblos indígenas.
El camino de esto no será lineal, ni fácil, habrá altibajos, derrotas y victorias. El gran reto es estar en las luchas, junto a esta nueva generación de luchadores, para construir con ellos (y no para ellos) nuestro programa de ruptura.
[i] Según el Instituto para Estudios de la Paz (Indepaz), que ya adviertia que se trataban de cifras parciales.
[ii] Una. referencia al uribismo, un espectro político populista, ultraderechista y neoliberal liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, del que Duque es heredero directo. Archienemigo de la guerrilla en su país y denunciado por sus vínculos con grupos paramilitares, Uribe fue la punta de lanza de la campaña de rechazo al Acuerdo de Paz con las FARC
[iii] En el período 2014-2018, los partidos de la Concertación se unieron al Partido Comunista de Chile para formar la coalición Nueva Mayoría.
[iv] Aunque fue parte de la Nueva Mayoría, que perdió las elecciones presidenciales frente a la derecha de Piñeira en 2018, el PC tenía derecho, durante el levantamiento de 2019, a no aceptar firmar el pacto de transición, con el que Piñeira obtuvo el levantamiento de los movimientos a cambio de convocar la Asamblea Constituyente.
[v] Hay varios «bandos políticos» entre los llamados independientes: 28 diputados y diputadas de la Lista Apruebo Dignidad (Frente Amplio y PC), 27 de la Lista del Pueblo (movimientos sociales, comunitarios, generalmente de izquierda anticapitalista); 11 más hacia el centro-izquierda, llamados Independientes No Neutrales; y otros 10 elegidos fuera de cualquier coalición o «lista» – para un total de 76, o el 49% de la Convención. Si se suman a los 17 representantes de origen étnico (todos los elegidos son de izquierdas en sentido amplio), serán 93 votos de 155, es decir, el 60%. Esto sin contar los 25 elegidos por la Lista del Apruebo (PS, DC y pequeños partidos de centro derecha), identificados con los gobiernos social-liberales de la Concertación. La derecha, con 37 elegidos, tiene razón al temer lo que será el nuevo estatuto.
[vi] Sobre este tema, léase Mason, Paul, How the Covid shock has radicalized Generation Z, en The Guardian, 2/6/202
*Ana Carvalhaes: Periodista, militante del PSOL (Partido Socialismo y Libertad) de Brasil, vivió en los años ochenta en Bolivia.
**Israel Dutra: Secretario de Relaciones Internacionales del PSOL y dirigente del MES
ARS MORIS – CARTAS A COLOMBIA ?? (Videoclip)
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