Nacho Vega*
La Policía Federal abrió en los últimos días pesquisas de deportación contra diplomáticos al servicio del dictador Nicolás Maduro en el país, en un capítulo más de la serie de intentos de expulsión de chavistas de Brasil.
El 13 de mayo, la Superintendencia de la PF en el Distrito Federal notificó a cinco venezolanos la apertura de investigaciones y les dio diez días para presentar una defensa técnica por escrito. La lista incluye a los diplomáticos que dirigían la representación en Brasilia y al general Manuel Antonio Barroso, agregado militar.
Según la Policía Federal, además del agregado militar, fueron notificados de la apertura de la investigación María del Pilar García, Ángel Gustavo Rodríguez, Freddy Efrain Meregote e Irene Auxiliadora Rondón.
Irene Rondón encabeza actualmente la misión chavista y se reunió con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante su visita a Brasilia a principios de mayo. El proceso de deportación es el resultado de meses de disputa entre el gobierno de Jair Bolsonaro y los diplomáticos de Maduro.
Los roces comenzaron con la decisión del mandatario brasileño en enero de 2019 de no reconocer al gobierno de Maduro y considerar al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país vecino.
También en 2019, Guaidó envió un magro equipo a Brasil encabezado por la abogada María Teresa Belandria, quien entregó sus cartas credenciales como embajadora de Venezuela. En la práctica, se creó una situación inusual: había dos equipos opuestos de diplomáticos venezolanos en Brasilia.
Belandria se convirtió en el único reconocido por Itamaraty, pero los chavistas siguieron controlando el edificio de la embajada y mantuvieron un fuerte diálogo con los diplomáticos de los países aliados del chavismo.
El momento más tenso se produjo durante la cumbre de los Brics de 2019 en Brasilia, cuando activistas pro-Guaidó asaltaron la embajada. Se produjo un tumulto en el lugar, y el grupo, encabezado por un funcionario de Belandria, no abandonó el edificio hasta 12 horas después, con escolta policial.
Desde el inicio del gobierno de Bolsonaro, Itamaraty, entonces dirigida por Ernesto Araújo, trabajó para que los representantes de Maduro salieran del país, en una operación delicada, ya que también involucraba la situación de los servidores brasileños que trabajaban en la embajada en Caracas.
En una de las primeras acciones, el ministerio dejó de emitir o renovar las tarjetas de registro diplomático -un tipo de documento de identidad- para los chavistas. En abril de 2020, el ministerio retiró a su personal de la embajada en Caracas y dijo que había informado al gobierno de Maduro que esperaba que los diplomáticos chavistas en Brasil abandonaran el país en 60 días. El diputado Paulo Pimenta (PT-RS) pidió entonces al Tribunal Supremo (STF) que prohibiera la expulsión de los chavistas.
La petición fue atendida por el ministro Luís Roberto Barroso, que bloqueó la expulsión mientras duró el estado de calamidad pública de Covid, que terminó formalmente el 31 de diciembre.
Las actuales investigaciones de deportación se producen tras una nueva medida de Itamaraty, adoptada en septiembre del año pasado. En ese momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó a la Policía Federal de que los funcionarios habían sido declarados «personae non gratae», lo que en la práctica anula las inmunidades y privilegios diplomáticos.
Sólo en febrero, la Policía Federal envió cartas a los representantes de Maduro indicando que tenían 60 días para regularizar su situación migratoria como ciudadanos comunes o tendrían que abandonar el país. Una vez finalizado el plazo, la Policía Federal abrió investigaciones de deportación. Folha no pudo contactar con los venezolanos notificados para saber si intentaron regularizar su situación en el país.
La Policía Federal dijo que «no proporciona información sobre los procedimientos administrativos iniciados contra una persona en particular debido a la confidencialidad legal que protege a los titulares de la información». Itamaraty dijo que la declaración de los chavistas como «personae non gratae» no entra en conflicto con la decisión del STF.
«En la carta enviada [al FP], el Ministerio de Relaciones Exteriores informó la lista de individuos declarados ‘personae non gratae’ y aclaró que, como resultado del retiro de los privilegios e inmunidades correspondientes, los individuos que decidieran permanecer en territorio brasileño lo harían como ciudadanos extranjeros ordinarios. No se menciona la deportación en la comunicación enviada a la Policía Federal».
*Nacho Vega: interesado por el periodismo y la información digital. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad.
TRADUCCIÓN: Ciro A…(Equipo de Insisto Resisto)
Fuente: Folha de S.Paulo, Noticias (19/05/21)
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