Emmanuel Dunand / AFP
Traducido del árabe por Sarra Grira .
Este informe fue escrito por abogados y juristas palestinos israelíes sobre el terreno. En cuestión de días, más de 700 ciudadanos palestinos de Israel fueron arrestados, entre ellos decenas de menores. Detenciones arbitrarias cuyo único propósito es aterrorizar a los palestinos para disuadirlos a no manifestar.
Durante la primera semana de este levantamiento palestino unido, los activistas de derechos humanos en Israel registraron casos de violencia extrema y graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas israelíes, ya sean policías, unidades especiales, policía fronteriza (Magav), policía secreta o wrong’arivim.1, sin olvidar la represión judicial llevada a cabo por jueces y fiscales.
Junto con los cientos de arrestos que tuvieron lugar en Jerusalén y Cisjordania, se registraron más de 700 arrestos en los territorios del interior entre el 9 y el 14 de mayo, entre ellos decenas de niños. Está claro que el propósito de estas operaciones era aterrorizar a los palestinos para disuadirlos de protestar y tomar las calles. También tenían como objetivo evitar que defendieran a sus familias y sus hogares, sus barrios y sus pueblos, frente a los ataques de las milicias sionistas. Al llevar a cabo estas detenciones, las fuerzas de seguridad y la justicia israelíes legitimaron la acción de estas milicias que atacaron a los palestinos, les dispararon, incendiaron y destrozaron sus propiedades.
Este informe se basa en declaraciones de abogados que ejercen en los territorios ocupados de 1948. Informa sobre patrones de arrestos similares que se pueden encontrar en todas las ciudades y pueblos palestinos.
ARRESTOS ARBITRARIOS
Una de las primeras características de estas operaciones es su dimensión arbitraria. Así, la policía llevó a cabo detenciones masivas durante las manifestaciones. No perdonó a los simples transeúntes que se encontraban en el perímetro de las protestas. Estos arrestos también continuaron en los barrios aledaños, incluso después del final de las manifestaciones.La policía también colocó retenes en las zonas donde ya no había protestas. Detuvieron autos conducidos por jóvenes, registraron y arrestaron a personas en vehículos.
La policía irrumpió en varias casas en las áreas de protesta. Agredió a los residentes y realizó arrestos. También se realizaron redadas policiales en comercios, restaurantes y cafés que recibieron a los heridos de las manifestaciones. Estos lugares fueron vandalizados y los heridos arrestados.
SIN TESTIGO
Decenas de personas que filmaron la violencia policial contra los manifestantes, especialmente durante las detenciones, marcadas por una brutalidad extrema, fueron a su vez agredidas y detenidas por la policía. Otros fueron amenazados con armas y disparados con balas de goma y bombas de sonido.
Las fuerzas policiales se negaron a trasladar al hospital a decenas de heridos detenidos, pese a las recomendaciones e insistencia de los equipos médicos presentes durante las protestas. La policía ha insistido en muchos casos en que no se debe brindar atención hasta después del interrogatorio. Los abogados impugnaron esta decisión y se negaron a representar a sus clientes hasta que fueran hospitalizados. La respuesta de la policía fue retrasar los interrogatorios y mantener a las personas detenidas durante horas, a veces incluso hasta las 9 a.m., mientras que algunos de los heridos necesitaban atención urgente, especialmente los que habían resultado heridos después de las consecuencias.
La violencia física se produjo durante la detención o durante los traslados a los centros de detención: piernas y brazos rotos, lesiones en la espalda, cuello, ojos, cara, cabeza, etc. golpeados con palos y con las culatas de los rifles a los detenidos. Se aplastaron la cabeza y el cuello con las botas durante varios minutos y se golpearon la cabeza contra el suelo, las paredes o las puertas de las furgonetas de la policía. Además de la violencia física, la violencia moral se llevó a cabo a sabiendas contra personas que padecían enfermedades mentales, lo que provocó crisis que obligaron a su traslado urgente al hospital.
Las unidades antidisturbios o yasam estaban presentes dentro de los centros de detención donde los detenidos estaban hacinados en celdas diminutas, sin agua, sin comida ni acceso a instalaciones sanitarias. Los agentes de la unidad especial utilizaron sus teléfonos celulares para tomar fotografías de los detenidos, de manera ilegal. Un residente de Nazaret afirma haber sido encerrado con otros presos en una celda donde debían mantener la cabeza gacha para no poder identificar a los policías que vinieron a golpearlos. En su testimonio, afirma que el piso de la celda al final estaba cubierto de sangre.
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA MENORES
Los menores no se quedan fuera. Detenidos por los mis’arivim, con los ojos vendados y el rostro encapuchado, fueron trasladados durante horas de un automóvil a otro y amenazados de muerte.
Se han informado violaciones recurrentes de los derechos del niño, incluida la violencia física y psicológica. Estos últimos han sido privados de sus derechos más básicos, como la presencia de un abogado, el uso de su lengua materna durante el interrogatorio o el acompañamiento de un progenitor, aunque estos derechos están previstos por la ley. La mayoría de estos interrogatorios se llevaron a cabo al amanecer y la policía intentó atrapar a los niños para sacarles confesiones.
Las fuerzas de seguridad también fabricaron pruebas falsas contra los manifestantes. Después de realizar las detenciones, los agentes recogieron piedras, botellas o palos al azar, fingiendo que estaban en manos de los detenidos. Estos últimos también se apilaron uno encima del otro en camionetas sin ventilación. Los transportados en coches de policía fueron golpeados.
ATAQUES A ABOGADOS
La policía trabajó para evitar que los abogados trabajaran. Estos últimos, voluntarios, estaban allí para representar colectivamente a los detenidos y recordar sus derechos, en particular el acceso a la atención médica. En muchos casos, la policía ha ahuyentado a los abogados a la entrada de los centros de detención para evitar que conozcan el número o los nombres de los detenidos. En Nazaret, se detuvo a dos abogados. En Om Al-Fahm, la comisaría había cerrado sus puertas y ya no respondía a las llamadas telefónicas, lo que impedía que se filtrara información sobre los detenidos y les prohibía consultar a un abogado. De manera más general, la policía intentó agotar a los abogados para obstaculizar su trabajo, retrasando los interrogatorios hasta el amanecer y obligándolos a esperar muchas horas antes de poder asesorar a los detenidos.
Dado el número de detenciones arbitrarias, la policía decidió liberar a los detenidos sin llevarlos a los tribunales, pero aún imponiéndoles condiciones para evitar que participaran en las protestas. Así, algunos fueron puestos en libertad, pero sometidos a arresto domiciliario durante días, mientras que otros fueron trasladados de su lugar de residencia. Otros más tuvieron que comprometerse a no participar en las protestas. Sin embargo, todas estas condiciones son ilegales y sin base legal. Aunque los detenidos liberados han apelado estas decisiones, los tribunales israelíes han retrasado deliberadamente la emisión de su decisión y solo han tenido en cuenta estos casos una vez finalizados los períodos de arresto domiciliario o deportación.
JUSTICIA EN EL MALETERO
Para quienes han acudido a los tribunales, los fiscales a su vez han emitido acusaciones falsas, citando, entre otras cosas, incitación al odio y alegando que los manifestantes pedían la » muerte de los judíos «, para hacer creer el carácter racista o antisemita. de la protesta. Se han levantado otras acusaciones igualmente falsas, como el uso de explosivos o delitos racistas, con muchas leyes antiterroristas.
En juicios destinados a extender los períodos de detención, los abogados han sido testigos del papel central que juega un sistema de justicia que obedece al aparato político e ignora los derechos humanos más básicos. Así, en el Negev, donde un abogado testifica ante un juez invocando » órdenes de arriba». Además, los jueces israelíes ignoraron casi sistemáticamente las agresiones a los detenidos, incluso cuando los rastros de tal violencia física eran claramente visibles. Al ordenar la prolongación de las detenciones, se negaron a tener en cuenta todos los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, como la negativa a la presencia de un abogado o la violación de los derechos de los menores, además de la humillación que les infligieron. fiscales a los abogados de los acusados, dentro de la sala del juicio. Asimismo, los jueces no reconocieron el derecho de manifestación de los detenidos, aún garantizado por la ley.
Los magistrados insistieron en ofrecer tratos a los imputados, aunque estas propuestas niegan los derechos de los detenidos. En caso de negativa, la sentencia les obligaba a pagar el precio. Esta lógica de chantaje comienza en la comisaría, donde los policías amenazan a los abogados con pedir un período de detención más prolongado más importante si alguna vez estos últimos rechazan sus propuestas. Por último, en la mayoría de los casos en que el tribunal autoriza la puesta en libertad del detenido, el fiscal apela, la decisión del primer juez se anula y se amplía el período de detención. Por el contrario, la inmensa mayoría de las apelaciones de la defensa fueron rechazadas.
Está claro que estos métodos tienen como objetivo aterrorizar a los jóvenes palestinos y disuadirlos de participar en las protestas. El objetivo es despejar las calles realizando arrestos domiciliarios y deportaciones, así como disuadir a la población palestina de defenderse y proteger sus hogares, propiedades, pueblos y ciudades. Los equipos de abogados están decididos a seguir representando a todos los detenidos palestinos durante este valiente levantamiento y a defender su derecho a luchar por la libertad.
ABOGADOS PARA LA DEFENSA DE LOS DETENIDOS DURANTE EL LEVANTAMIENTO
Fuente: OrientXXI
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