Este 28 de abril hay Paro Nacional. Las centrales obreras, las organizaciones de mujeres, las de negritudes, las indígenas, las estudiantiles, las campesinas, las de pobladoras y pobladores de ciudad, las de taxistas, las de cineastas, las de conductoras y conductores de transporte público, en fin… la ciudadanía colombiana está harta del Gobierno y su manejo de la crisis.
No es un paro normal. La Covid-19 no solo ha cambiado las condiciones de vida sino también las condiciones de protesta. El Gobierno ha respondido al anuncio de Paro diciendo que es “en este momento un atentado a la vida”. El pueblo colombiano le responde que prefiere enfermar de Covid que seguir muriendo de hambre.
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A un año de pandemia el escenario sigue igual de agrio: las mujeres continúan sobrecargadas con las labores del cuidado, al tiempo que son golpeadas y asesinadas sistemáticamente. Los campesinos continúan cultivando para vender a pérdida. La tasa de informalidad crece y la gente más empobrecida muere por el virus o por hambre.
El Gobierno ultraderechista de Iván Duque y el Centro Democrático han construido una reforma tributaria neoliberal y antipopular, con el fin de chupar más al pueblo y seguir financiando su modo de vida oligárquico, la guerra y pagar la deuda externa (deuda contraída por ellos y para ellos).
La reforma amplía el IVA en un 19% a los productos de la canasta básica familiar, a los combustibles, a los insumos agrícolas y a los servicios públicos. Gravará con impuestos directos a los salarios que fluctúen entre 2.5 millones de pesos (un aproximado de 690 dólares) y 1.7 millones de pesos (un aproximado de 470 dólares) a partir del 2023. También gravará las pensiones con mesadas superiores a los 4.8 millones de pesos (1300 dólares aproximadamente). Reforma la salud, profundizando en su mercatilización. Implementa las Zonas de Desarrollo Empresarial; las cuales son funcionales a la agroindustria, la gran minería y la explotación de hidrocarburos. Otorga millonarios recursos a los grandes empresarios, enmascarados en subsidios para el pago de nóminas.
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A esto se suma la compleja situación que atraviesan las zonas rurales. La avanzada del paramilitarismo en Antioquia, Cauca y Norte de Santander ha configurado un escenario de violación constante de Derechos Humanos, en donde las comunidades sobreviven en medio de un fuego cruzado que no se detiene. Estos son los mismos territorios en los que el Gobierno se ha manifestado a través de la militarización: el incremento de tropas del Ejército y acciones de guerra han dejado como resultado zozobra, temor y señalamientos contra la población civil que incluso han concluido en casos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “Falsos Positivos”.
Es una situación difícil para quienes habitan el campo así como para quienes piensan en cómo transformarlo. En cuatro meses de este año ya han sido asesinados 52 líderes y lideresas sociales, a lo que se suma la estrategia de persecución y judicialización que ha sido utilizada por el Estado para deslegitimar las luchas populares y desarticular las propuestas y planes de vida que se gestan en las regiones.
La vida misma está en juego. Desde la capital hasta las ciudades intermedias y los contextos más rurales, cada día millones de personas sobreviven en medio de un contexto agreste y un Estado indolente que se empecina en legislar para los suyos.
Frente a esto, hay inconformidad, indignación y rebeldía.
Estamos cansados y cansadas de que a través de decretos y reformas se arrebaten los derechos adquiridos, se precaricen los ingresos y se desmejoren las condiciones laborales de la clase trabajadora.
Nos enoja que miles de estudiantes tengan la obligación de desertar o cumplir con horarios de trabajo indignos porque no tienen ni el dinero ni la infraestructura para costear las clases virtuales.
Estamos hartas y hartos de que el plan nacional de vacunación sea errático y esté lleno de huecos a propósito, para que así le funcione a las grandes transnacionales farmacéuticas.
Nos da rabia que los territorios y las economías propias de los pueblos se vean en riesgo cada día a causa de los términos asimétricos de los diferentes tratados económicos que firma el Gobierno solo para beneficio de la clase oligárquica del país.
Nos indigna que se siga negando una renta básica para la población de los estratos más empobrecidos, mientras se da plata a empresas no fundamentales (como Avianca) para que “gestionen” su crisis.
La crisis económica que hoy se vive está potenciada por la pandemia de la Covid-19 pero también por las medidas económicas que inventan Iván Duque y su camarilla de su Gobierno para seguir enriqueciendo a la clase rica y empobreciendo al resto de colombianas y colombianos.
Un año doloroso de pandemia, más el hambre, la desigualdad y décadas de exclusión no se solucionan quedándose en casa.
Si este 28 salimos a las calles, las carreteras, las veredas y a todo sitio donde podamos parar; que sepa el Gobierno que es a causa de sus políticas. Que es porque no nos queda otra que ejercer el derecho ciudadano de protestar. Que los únicos que están atentando contra nuestras vidas cada día son Iván Duque, el uribismo y el neoliberalismo. Y que también sepa que seguiremos parando hasta que la vida sea digna.
Editorial de Equipo de Colombia Informa
Fuente: Colombia Informa
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