Venancio Acosta*
Los expertos afirman que los recursos destinados a compensar a los sectores castigados por las restricciones no lograrán que baje la movilidad. Además, el gobierno ya incumplió con las prestaciones sociales prometidas y los trabajadores formales afectados no pueden esperar más que el seguro de paro.
Camila Ghemi
La presión comienza a aumentar. Entre los informes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), las conferencias del Sindicato Médico del Uruguay y la comunidad científica, y la exigencia –tanto de dentro como de fuera de la coalición– de nuevas acciones que reduzcan la movilidad, el gobierno lanzó un nuevo paquete de medidas. Aceptando que tomarlas constituye una responsabilidad del gobierno, pero enfatizando, una vez más, que deben acompañarse de «conductas individuales», Luis Lacalle Pou anunció el cierre de los locales comerciales fronterizos, la reinstalación del tributo covid-19 y la duplicación del monto de canastas y subsidios económicos para los más afectados.
Horizonte borroso
«El objetivo del gobierno –y lo dijo el presidente– es que no se saturen los CTI. No es volver a tener un control de la pandemia como el que tuvimos el año pasado», dijo a Brecha el politólogo Fabricio Carneiro, integrante del Observatorio Socioeconómico y Comportamental del GACH. Sobre si las medidas serán suficientes para producir en la movilidad un impacto que permita alcanzar ese objetivo, asumió que aún «es difícil saberlo». Sí está claro, en cambio, que la movilidad no logrará reducirse sostenidamente si no es suficiente el apoyo económico a quienes lo necesitan para no tener que salir a la calle a buscar ingresos. El politólogo observó que «no es lo mismo adoptar medidas de restricción a principios de 2020 que hoy», cuando la «espalda económica» de la población ya se ha reducido considerablemente. En el contexto actual el impacto de las medidas anunciadas será «claramente menor» que el de las adoptadas al comienzo de la crisis sanitaria. Las políticas sociales deben ser juzgadas por su cobertura, su timing y su suficiencia, recordó. A su juicio, los anuncios del gobierno están «muy focalizados» y no son suficientes para que los individuos dejen de trabajar.
En el seminario «A un año de la pandemia: perspectivas y desafíos pendientes», se le consultó a Lorena Etcheverry, investigadora de la Facultad de Ingeniería e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de covid‑19, cuál es su proyección en cuanto a la disminución de la movilidad luego de los anuncios del gobierno, pero también declinó hacer una predicción. Las herramientas para medir la movilidad aún no tienen un desarrollo suficiente para ofrecer un pronóstico de este tipo, por lo que habrá que esperar unos días para tener un panorama. Sin embargo, acotó que, más allá del contenido concreto de los anuncios, la manera en que se dio el mensaje, en un tono más grave que el usual, podría tener algún impacto.
Hablando en plata
El sistema de canastas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) tiene aproximadamente 300 mil beneficiarios (9% de la población total del país: ndr). Para acceder a ellas basta con no tener ningún ingreso formal y hacer el trámite a través de la web. El gobierno aseguró que el monto se duplicará durante dos meses, pasando a valer 2.400 pesos (55 dólares: ndr). Fuentes del MIDES informaron al semanario que lo que está estrictamente previsto es que esta duplicación se realice una vez y manejan la posibilidad de que se reitere la medida.
A lo largo de 2020, además de las canastas, se otorgaron partidas adicionales por concepto de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad y a través de la tarjeta Uruguay Social. En su momento, el gobierno aseguró que duplicaría estas contribuciones, pero esto no sería estrictamente cierto. Las partidas adicionales se fueron decidiendo mes a mes durante un período de diez meses, pero, por atrasos en dichas decisiones, los beneficiarios recibieron la compensación sólo ocho veces: no la recibieron ni en mayo ni en octubre de 2020. Por otro lado, las fuentes resaltaron que las duplicaciones anunciadas cuatro veces no fueron tales, sino un aumento del 50 por ciento.
En diálogo con Brecha, el sociólogo Juan Pablo Labat, de la Dirección Nacional de Información, Evaluación y Monitoreo del MIDES de la anterior administración, valoró como «pésimo» el manejo actual de las canastas, ya que no se hace ningún esfuerzo por asegurar que lleguen a quienes realmente las necesitan. Subrayó que las políticas sociales deben tener objetivos claros, cuyo cumplimiento pueda ser evaluado. «¿Cuál es el umbral de referencia para lo que están haciendo? ¿Cuál es el propósito de las políticas actuales?», se preguntó. Para el sociólogo, es «imposible» que las compensaciones anunciadas permitan bajar la movilidad, puesto que el monto de las canastas es notoriamente insuficiente para lograr que los beneficiarios no salgan a trabajar. Afirmó que durante 2020 las transferencias sociales fueron de 18 pesos (45 centavos de dólar: ndr) por día y por persona: «Si comparamos esto con el resto de la región, vemos que, por cada peso que invirtió Uruguay en políticas sociales, Brasil invirtió 20; Argentina, 15, y Chile, 13».
El presidente anunció también el cierre de los gimnasios, los complejos termales y los free shops; la cancelación de los espectáculos públicos, y la reinstalación del tributo covid-19 por dos meses sobre los sueldos públicos y del adicional del IASS sobre las jubilaciones más altas –en las mismas condiciones que el año pasado–, «recaudación [que] se destinará a las actividades que serán perjudicadas por la reducción de la movilidad». Consultado sobre esto, Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, respondió a Brecha que lo previsto para estos casos es otorgar seguros de paro completos o parciales. Acotó que podría haber alguna otra medida, «pero por ahora no hay ninguna más». Lacalle Pou también anunció que habría subsidios por enfermedad para los trabajadores del sector privado mayores de 65 años o que deban cumplir cuarentenas. Con respecto a esto, Mieres declaró que «es una manera de cubrirlos ante el riesgo de contagio», pero recordó que esta medida ya se implementó de marzo a agosto de 2020 y se reinstaló en diciembre, por lo que el anuncio no es nuevo; la «novedad» es que será prorrogada hasta fines de mayo, y «después veremos».
Frontera seca
La aparición de la cepa brasileña P.1 viene causando estragos en la frontera con Brasil. Con los CTI al borde del colapso, el presidente decidió cerrar los free shops para evitar los cruces de frontera innecesarios, aunque la situación de estos comercios viene tambaleándose desde hace varios meses.
Jorge Peloche, miembro del Consejo Central de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y los Servicios, describió como «de terror» la situación de los trabajadores del sector en esa región. Los únicos comercios que habrían logrado subsistir son los más grandes y estos con tan sólo «un tercio o menos del personal». Sobre las últimas medidas del gobierno, declaró que «no hay mucha novedad» y que los trabajadores afectados no recibieron ningún tipo de ayuda económica extra.
Algunos trabajadores del free shop de Rivera contaron a Brecha que en esa ciudad, al principio de la pandemia, hubo cierres voluntarios con el fin de bajar la movilidad, hasta que en agosto cerraron definitivamente tres locales. Según la sindicalista Marta Denis, estas empresas pertenecieron a un grupo panameño que fue comprado por un empresario uruguayo, quien comenzó a acumular deudas, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas le suspendió el permiso para funcionar y los 80 trabajadores de sus establecimientos resultaron despedidos. Denis afirmó que ninguno de estos empleados recibió el subsidio por despido ni el subsidio por desempleo. «Fuimos recibidos por el subdirector de Trabajo y en el ministerio están todos enterados. Solicitamos que el ministerio actuara de oficio y la respuesta fue un no rotundo», narró. Incluso, en una de las visitas de Lacalle Pou a la ciudad, los trabajadores le entregaron a este una carta en la que contaban su situación. «Nos llamó por teléfono alguien y dijo que no podían hacer nada, que teníamos que hacer todo judicialmente. No hubo voluntad», remató.
¿Cómo explicar la «timidez» oficial para apoyar a los sectores más castigados? En la última conferencia de prensa, Bloomberg le consultó al presidente –en un mal castellano– si se replantearían las metas en materia de crecimiento económico y déficit fiscal para el año que corre. Este replicó con énfasis que las proyecciones del equipo económico se cumplieron y que al día de hoy «siguen vigentes».
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Con hambre no se puede pensar
Dada la suspensión de la presencialidad en los centros educativos a partir del miércoles de esta semana, los merenderos de las escuelas permanecieron cerrados. Como ya había sucedido en el verano, esto se tradujo en que los niños no recibieron alimentación escolar durante los tres días previos a la Semana de Turismo. La directora de Primaria, Graciela Fabeyro, declaró en Radio Carve que, para compensarlo, se entregarán tiques –con un valor de 85 pesos por día–, pero recién después del 5 de abril, porque «en Turismo el país no funciona y esto requiere una tramitación». Los tiques que corresponden a las vacaciones ya habrían sido entregados.
El maestro Pablo Caggiani, integrante del directorio del Instituto de Evaluación Educativa, dijo a este semanario que, además, Primaria viene trabajando con listas que no se actualizan desde febrero, «por lo cual es muy razonable estimar que muchos más niños necesitan apoyo para su alimentación».
Venancio Acosta: periodista, escribe para Brecha, Uruguay.
Fuentes: Brecha y Correspondencia de Prensa
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