Charles-André Udry*
¿Qué esconde la fórmula: «escalada de la violencia»?
Los medios de comunicación, según una fórmula ya consagrada, dicen que la situación en Birmania se caracteriza por una escalada de la violencia. Es como si existiera una entidad llamada violencia que recibe presiones de no se sabe quién –o quizá de todas las partes en presencia–, que hacen que ascienda a cimas cada vez más altas. Dicha fórmula, por el contrario, designa la vía razonable: la de un compromiso que hay que buscar y establecer, a ser posible con ayuda de una mediación supuestamente internacional. Así se borra la dimensión social de lo que hemos calificado de insurrección democrática.
Una dimensión democrática y social que se expresa, entre otras iniciativas, en huelgas contra el poder dictatorial de la junta militar, huelgas que también han protagonizado el personal sanitario, trabajadoras del sector textil, enseñantes, empleados de banca, etc. Esta cantinela mediática es bastante parecida a la insistencia en el crecimiento de las desigualdades sin asociarlas a las relaciones sociales entre explotadores y explotados, entre capital y trabajo. El plan de la junta militar se desarrolla en varios terrenos: institucional, político, represivo, mediático, económico.
Este lunes 1º de marzo ha comenzado por videoconferencia la vista oral del juicio incoado contra la presidenta de la LND (Liga Nacional por la Democracia) y exconsejera de Estado (del 6 de abril de 2016 al 1º de febrero de 2021), Aung San Suu Kyi. Su abogado, Min Min Soe, no ha tenido ocasión de ponerse en contacto con la inculpada. Desde hace ocho días, la junta no ha facilitado información alguna sobre su lugar de detención. Las acusaciones se basan en el artículo 505 del Código Penal, que declara ilegales “toda declaración, rumor o reportaje” susceptibles de incitar a la población a “cometer una infracción contra el Estado”, un Estado que tiene sinónimo: Junta Militar. La segunda acusación se refiere a la supuesta violación del artículo 67 de la ley relativa a las telecomunicaciones y al uso de equipos de comunicación. Se habla de la importación de transmisores y receptores portátiles. En caso de condena, estas acusaciones comportan penas de dos y un año de prisión, respectivamente, o fuertes multas.
Conviene comprender el precedente jurídico que pretende sentar la Junta. En efecto, los cientos de grupos de resistencia existentes cometen una “infracción contra el Estado” cuando difunden en Facebook u otras redes sociales llamamientos a desobedecer a la Junta, a organizar ocupaciones de calles y a obstaculizar la libre circulación de las tropas militares y policiales, denuncian las matanzas que se multiplican y las detenciones que aumentan todos los días. Se invoca el artículo 505 del Código Penal para acallar webs de información como Dawei Watch, The Voice of Minorities y Monywa Gazette en birmano, o sitios como Frontier y Myanmar Now, así como la agencia gráfica MPA, cuyo director ha sido detenido.
Además, la detención de numerosos periodistas birmanos y extranjeros se inscribe en esta voluntad, propia de toda dictadura: el control estricto de la información. En cuanto al artículo 67 de la ley de telecomunicaciones, se esgrimirá contra todas las aplicaciones que permiten la coordinación y los contactos entre las movilizaciones que han proliferado en las principales ciudades del país, lo que demuestra la amplitud del rechazo al poder del general Min Aung Hlaing y del complejo militar: el Tatmadaw.
Apenas iniciado el juicio contra Aung San Suu Kyi, contra el presidente depuesto Win Myint y contra miembros del ejecutivo de la LND y responsables regionales destituidos el 1 de febrero, se ha aplazado al 15 de marzo. En efecto, la Junta pretende fijar la naturaleza de las condenas en función de la correlación de fuerzas que piensa establecer en los próximos quince días. Dicho de otro modo, haciendo gala de su capacidad de aplastar una revuelta protagonizada por una juventud resuelta y combativa, multiplicando los actos de terror policial y militar, los encarcelamientos y las detenciones por “actos de complicidad con manifestantes”, que se han multiplicado estos últimos días.
Se ha sabido que en varias ciudades del país policías de paisano han registrado domicilios y practicado detenciones. En el Estado federado de Karen, en la capital Hpa-an, el pasado 28 de febrero policías de paisano penetraron en varias viviendas, donde practicaron detenciones. Un vídeo muestra a una agente que agarra a una mujer por los cabellos y la arrastra fuera de su casa para detenerla.
La publicación Frontier cita, con fecha del 1º de marzo, a un testigo ocular que declara que todas las personas que se hallaban en la calle n.º 66 del distrito de Maha Aung Myay de Mandalay (ciudad del norte de Myanmar) han sido detenidas y que la policía “no solo ha disparado contra los manifestantes, sino también contra quienes se encontraban simplemente en la calle. He visto a un oficial de policía encima de un camión disparando contra un motorista apuntándole a la cabeza”. Estas prácticas terroristas no han impedido que este lunes 1º de marzo miles de manifestantes, en particular estudiantes e incluso monjes salgan a la calle. Las fuerzas del orden han impedido que estudiantes de medicina y personal médico salgan del hospital universitario. Las fotos y reportajes difundidos revelan el motivo: ingresan numerosas personas con heridas de bala y víctimas de granadas aturdidoras. Toda una ilustración del carácter social y político del enfrentamiento.
Otra imagen de este enfrentamiento muestra cómo, el domingo 28 de febrero, en Mandalay, unos manifestantes detuvieron un vehículo policial camuflado que llevaba en el interior armas y municiones. Neutralizaron a los agentes, que en la foto aparecen abatidos, casi arrepentidos, en una actitud típica de casi todos los defensores del orden cuando el desorden los desarma. Cosa que no impide que un policía del distrito de Sanchaung, en Rangún (Yangon), declare, según informa un periodista de Frontier (28 de febrero): “No solo reprimimos porque es nuestro deber, sino también porque nos gusta hacerlo. Todas las personas que se encuentran ahora en la calle serán abatidas”, mientras dispara contra la gente que se manifiesta.
El 1º de febrero se inició un movimiento huelguístico. Conviene tener presente la coexistencia de la apertura de la economía birmana a las inversiones de las empresas multinacionales con la necesidad de establecer una legislación laboral de carácter cosmético que sirva para camuflar los métodos de sobreexplotación al uso. Como ocurre en varios países de la región, la industria textil y de la confección –que en 2019 empleaba a 700.000 trabajadoras, en su gran mayoría mujeres– contaba con la presencia de grandes marcas como Benetton (Italia), Calvin Klein (EE UU), C&A (Países Bajos), Inditex (España), Le Coq sportif (Francia), Itochu, Mizuno y Muji (Japón), Tally Weijl (Suiza), Tesco y Lidl (Alemania), H&M y Lindex (Suecia).
El salario mínimo en este sector se sitúa en torno a 3,26 dólares [2,75 euros] al día y es el resultado de una serie de luchas. Una parte significativa del personal participa en una oleada de huelgas desde el 1 de febrero. Como ilustra la fotografía del encabezamiento, las trabajadoras de Inditex reclaman que “Inditex asegure que ninguna trabajadora sea despedida por acudir a las manifestaciones a favor de la democracia”. Esta es una ilustración suplementaria del carácter engañoso de la expresión escalada de la violencia. Las declaraciones elocuentes que denuncian el golpe de Estado podrían ser menos dramáticas si la solidaridad internacional y las sanciones apuntaran directamente contra estas multinacionales, que en su totalidad colaboraron con la Junta antes del 1 de febrero y desde entonces se muestran cautelosas, a la espera de la evolución de la situación y del desenlace de los enfrentamientos en curso.
Traducción: viento sur
Una represión proporcional a la resistencia popular
Charles-André Udry*
Las diversas manifestaciones contra la junta que el 1° de febrero se impuso y tomó el control de todos los poderes, sin los resguardos erigidos en los últimos años, mantuvieron su intensidad durante los últimos días de febrero, al tiempo que se intensificó la represión. La represión utilizó municiones reales; los testimonios indican la presencia de francotiradores que apuntan y matan a los manifestantes para provocar una reacción de miedo en cadena, disolviendo los colectivos que bloquean las calles y se erigen físicamente en obstáculos al poder dictatorial. Según la enviada de la ONU a Myanmar, Christine Schraner Burgener, desde el 1° de febrero han muerto más de 50 personas y cientos de manifestantes han resultado heridos. Este 4 de marzo, las detenciones llegan a unas 1.500 personas.
Siguiendo la tradición de las dictaduras militares, el ejército y la policía atacan al personal sanitario, a las enfermeras, a los médicos, a los estudiantes de medicina. El Movimiento de Desobediencia Civil (CDM, por sus siglas en inglés) fue lanzado inicialmente por los trabajadores del sector de la salud que se negaron a presentarse a trabajar tras el golpe del 1º de febrero. Los trabajadores de la salud fueron uno de los desencadenantes de la «insurgencia democrática» al estimular las manifestaciones callejeras, fomentar el boicot a las empresas relacionadas con el ejército y al pedir a los funcionarios que rechazaran las directivas del régimen militar. Ahora, esos cuidadores se han organizado localmente para brindar ayuda de emergencia a los manifestantes heridos, apaleados e incluso muertos por disparos de las fuerzas policiales y militares. Por tanto, se han convertido en uno de los blancos de la dictadura.
Una enfermera voluntaria de Myitkyina, capital del estado de Kachin, declaró a un periodista: «El mayor peligro son los disparos cuando trabajamos sobre el terreno. Las balas también pueden alcanzarnos, incluso podemos morir en cualquier momento». En la ciudad de Mandalay, un equipo de 30 profesionales sanitarios voluntarios garantiza las emergencias en toda la ciudad. Llevan mochilas con material básico para desinfectar las heridas y detener las hemorragias. Los controles policiales impiden su desplazamiento por la ciudad para evitar la atención a los distintos grupos de manifestantes atacados por la policía. En la ciudad de Myitkyina, «un centenar de enfermeras de salud pública en huelga prestan atención primaria y servicios a través de equipos móviles. Dirigen una red de derivación a ambulancias y médicos voluntarios». Un equipo de enfermeros acompaña a los manifestantes «con brazaletes blancos y distintivos para facilitar su identificación y son seguidos por motocicletas que llevan los botiquines». Ese grupo «compró sus propios teléfonos y tarjetas SIM y distribuyó folletos por toda la ciudad con sus datos de contacto para emergencias» (informe de Al Jazeera del 3 de marzo). El hecho de que las ambulancias y los trabajadores sanitarios se hayan convertido en objetivos de la represión revela tanto su actividad organizada como el deseo de eliminarlos, ya que son una especie de garantía para aquellos/as que hacen frente a los controles policiales. El miedo está ciertamente presente -y lo expresan sin ambages-, pero son conscientes del apoyo que prestan al mantenimiento de las manifestaciones anti dictatoriales. Este grado de organización colectiva es un factor que explica la importancia de la resistencia y el odio acentuado a la dictadura, que no había previsto la profundidad del rechazo popular al “golpe” del 1° de febrero, especialmente entre las nuevas generaciones que ya no recuerdan las masacres de 1988.
El Movimiento de Desobediencia Civil (CDM) reúne, de manera lógica y fisiológica a diferentes corrientes. Ante la «anulación oficial de las elecciones de noviembre de 2020» (Véase Myanmar. «Annuler officiellement les élections» et diffuser la répression et la peur.), la exigencia inicial de “respetar nuestro voto” se inscribe, por supuesto, en una continuidad, pero sólo puede concretizarse en un contexto que ha evolucionado a lo largo del último mes. Por consiguiente, los diputados elegidos en 2020, en su inmensa mayoría miembros de la LND (Liga Nacional para la Democracia), prevén que las movilizaciones puedan “volver” a la situación de finales de enero. Esos representantes electos se organizan en el Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH-Comité de Representación de la Asamblea de la Unión, el órgano legislativo bicameral), que cuenta con una amplia audiencia. A principios de marzo, declararon que «asumían sus obligaciones como miembros del gabinete» y para ello nombraron a cuatro ministros (véase The Irrawaddy, 2 de marzo de 2021). El CRPH es un punto de referencia para los representantes de la LND en muchos distritos y circunscripciones y de esta manera se consolida como una estructura gubernamental paralela que puede ser vista como un interlocutor ante la ONU. La declaración ampliamente difundida del 26 de febrero del Representante Permanente de Myanmar ante la ONU, U Kyaw Moe Tun, denunciando el golpe de Estado y afirmando su lealtad al pueblo, se inscribe en esta perspectiva de reconocimiento de la CRPH como gobierno legítimo. Las detenciones y condenas de dirigentes de la LND tienen el objetivo de neutralizar esta perspectiva de “contragolpe”. Por otra parte, los golpes asestados a los medios de comunicación en lengua birmana y el aumento de las detenciones de periodistas son un obstáculo para la presencia pública de la CRPH.
Las actividades de resistencia de las «sociedades civiles de las minorías regionales» participan en el rechazo a la dictadura, pero no se inscriben de manera automática en un movimiento hegemonizado por representantes de la LND, que no tomaron en cuenta la perspectiva de un sistema federalista y se inscribieron en una afirmación centralista. La perpetuación de un movimiento de resistencia también plantea el problema de las posibles confluencias entre estos componentes, aunque la represión tiende a soslayar esta cuestión por el momento. Por último, los diversos movimientos de huelga, como el de los profesores -cuyo impacto está seguramente limitado por el confinamiento del sistema escolar-, el de los trabajadores de la salud y el de los trabajadores del sector privado, son decisivos para mantener el disfuncionamiento del sector público y de las empresas vinculadas al aparato militar. Pero su inclusión en el CDM y por lo tanto en la confrontación política de facto, contra la Junta, significa que tenga capacidad para mantener sus acciones, para no dejarse doblegar por una represión contundente y para encontrar diferentes vías a la expresión de sus reivindicaciones.
En varias publicaciones en inglés y en los llamados a través de las redes sociales, hay una marcada expectativa sobre la “ayuda de la comunidad internacional ante el golpe de Estado”. El pedido de sanciones contra los miembros del aparato militar -el Tatmadaw- es más que comprensible. Lo mismo ocurre con las sanciones a las empresas directamente vinculadas al Tatmadaw y con aquellas acciones que denuncian la colaboración de las empresas transnacionales presentes en Myanmar con la junta y exigen el respeto de los derechos sindicales de sus empleados. Los discursos sobre este tema realizados ante la OIT son funcionales al desarrollo de la solidaridad internacional, entre otros del movimiento sindical. La junta va a seguir intensificando la represión para impedir que el CDM, más allá de sus diversos componentes, aparezca como una expresión masiva de reivindicaciones democráticas y sociales. Eso es lo que alimenta su odio ante el masivo e inesperado rechazo al “golpe” del 1° de febrero, un odio que no se alimenta solamente de una “costumbre del poder militar ” como lo sugieren varios medios internacionales.
*Charles-André Udry: Profesor universitario jubilado, escritor, militante revolucionario, miembro del Movimiento Por el Socialismo, Suiza y Editor la página Al`econtre.
Fuentes: Al`econtre y Correspondencia internacional
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