Jacke Jhonson
Apenas unos días después de que los votantes estadounidenses acudieran a las urnas para evitar que el presidente Donald Trump se quedara cuatro años más en la Casa Blanca, el gobierno estadounidense emitió un reglamento [final rule] que congela los salarios de los trabajadores agrícolas que trabajan con visados H-2A [se estima que en 2015 habrá 140.000 trabajadores agrícolas temporales con ese tipo de visados] 1, una medida que podría perjudicar gravemente a los «trabajadores invitados» legales con bajos salarios, ya duramente afectados por la pandemia del coronavirus.
El reglamento, publicado en el Registro Federal, (Vol. 85. No. 215, 5 de noviembre de 2020, Ruless and Regulations) por el Departamento de trabajo el 5 de noviembre «permitirá a las empresas negar los aumentos salariales a los trabajadores agrícolas de primera línea que ayudan a mantener el suministro de alimentos en los EE.UU.», informó Julia Rock en el Daily Poster el lunes 9 de noviembre.
«La congelación de los salarios es el segundo intento de la administración Trump en este principio de otoño para recortar los salarios de los titulares de visas H-2A», dijo Rock. «El 30 de septiembre, el Secretario de Agricultura [Sonny] Perdue [desde el 25 de abril de 2017] publicó una directiva de una página en la que anunciaba que el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) suspendía la Encuesta sobre el trabajo agrícola, una herramienta de recopilación de datos utilizada hace ya más de un siglo para calcular los salarios de los trabajadores migrantes, conocida como las Tasas de Salarios de Efecto Adverso [Adverse Effect Wage Rates -AEWR- definidas por el Departamento de Trabajo para los empleadores, en principio, una vez al año].
Un juez federal bloqueó la suspensión de la Encuesta sobre el trabajo agrícola, lo que llevó a la administración Trump a volver al ataque «con un segundo intento de reducir los salarios de los trabajadores H-2A mediante la promulgación de un reglamento de congelación de salarios para esos trabajadores», dijo Rock. La nueva regulación congelaría los salarios de los trabajadores con visado H-2A hasta 2023.
«El reglamento, publicado la semana pasada, incluía sólo los aspectos salariales del que había sido propuesto en primera instancia», agregó Julia Rock. «La nueva regulación aumentará los AEWR para un pequeño porcentaje de trabajadores H-2A, los que ocupan puestos más especializados o de supervisión, pero reducirá el índice para la gran mayoría de los trabajadores H-2A». Los trabajadores que participan en el programa de «trabajadores invitados» representan aproximadamente el 10% de la mano de obra agrícola de los Estados Unidos.
El periodista de HuffPost Dave Jamieson [especializado en temas laborales: ndt], uno de los primeros en llamar la atención sobre la normativa tras su discreta publicación la semana pasada, señaló en una serie de tweets que la congelación de los salarios «es obviamente una ganancia inesperada para los productores», lo que luego admitió sin tapujos Sonny Perdue [ex veterinario y militar, gobernador de Georgia de 2003 a 2011] en una declaración en la que saludaba la medida como una victoria significativa [es una ilustración del apoyo recibido por Trump en las llamadas zonas rurales].
«Seguramente, hay cosas más importantes, pero la administración Trump acaba de instituir una congelación salarial de facto, durante dos años, para los trabajadores agrícolas con visados H-2A. Son trabajadores de bajos salarios que hacen un trabajo esencial. El Departamento de Trabajo toma este tipo de medidas durante una pandemia».
Dave Jamieson advirtió que las nuevas regulaciones son un ejemplo del tipo de daños que Trump es capaz de infligir durante el lapso que culmina, formalmente, el 20 de enero, con su partida.
«La administración de Trump está tratando de adoptar este tipo de decisiones lo más rápidamente posible», dijo. «Las acciones legales pueden lograr retrasarlas e incluso, algunas pueden ser anuladas por la administración siguiente, pero es un proceso engorroso que implica la elaboración de nuevos reglamentos».
En un comentario público sobre las normas del Departamento de Trabajo, un colectivo de varias decenas de grupos, encabezados por Farmworker Justice [una ONG que trabaja para defender los derechos de los migrantes y los trabajadores agrícolas temporarios], advirtió que «el endeudamiento de muchos trabajadores va a aumentar, los salarios van a ser más bajos, las condiciones de vivienda van a empeorar y la incertidumbre sobre las condiciones de empleo va a ser aún mayor» como resultado de la congelación de los salarios. «En general», dijo el colectivo, «los cambios de reglamentos propuestos van a perjudicar a muchos trabajadores agrícolas». [Artículo publicado en Common Dreams, 9-11-2020]
Nota
- La visa H-2A es una visa para trabajadores agrícolas a la que muchos empleadores estadounidenses que manejan granjas recurren para encontrar la mano de obra necesaria.
y EMPRESAS GASTARON 224 MILLONES DE DÓLARES PARA GANAR SU REFERÉNDUM EN CALIFORNIA**
Eve Batey
La Propuesta 22 1 -un referéndum de iniciativa popular en el estado de California apoyada por empresas de reparto de alimentos como Postmates, Instacart y Doordash- fue aprobada por los electores californianos el 3 de noviembre de 2020, día de las elecciones estadounidenses. Esa victoria significa que las empresas de entrega de alimentos y servicios de transporte por aplicaciones, a diferencia de la mayoría de los demás sectores económicos de California, no tendrán por qué respetar las medidas estándar, como el salario mínimo por horas trabajadas, los beneficios de atención médica o el seguro de desempleo de sus repartidores.
Según los resultados electorales disponibles el 4 de noviembre, el 58,4% (contra el 41,6%) de los más de 14 millones de votantes de California apoyaron la Propuesta 22, un resultado muy superior al 50% más uno necesario para ganar. La victoria significa que las empresas que utilizan conductores como mano de obra -como Uber con Uber Eats o con Uber Ride Hail, por ejemplo- no tendrán que ceñirse a la Ley Assembly Bill 5 (AB5), una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2020 y que establece que los trabajadores fijos cuyas tareas forman parte del funcionamiento normal de una empresa deben definirse como empleados, no como empresarios independientes.
Dado que las empresas de reparto y de taxis que dependen de las plataformas de llamadas telefónicas se basan en estos trabajadores, la aplicación de la AB5 habría supuesto una importante revisión de la forma en que las empresas actúan en California. Habrían estado obligados a operar de la misma manera que lo hacen las otras empresas: pagando el subsidio de enfermedad, pagando las horas extra y efectuando pagos al sistema de desempleo y al fondo de seguro estatal de discapacidad.
En cambio, con la Propuesta 22 pueden estar seguras de que la ley AB5 no se les va a aplicar. En total, esas empresas gastaron más de 224 millones de dólares para no tener que cumplir con la ley, convirtiendo este referéndum en el más caro de la historia de California. En comparación, las organizaciones de trabajadores que hicieron campaña contra la Propuesta 22 recaudaron 20 millones de dólares.
«La cantidad obscena de dinero que esas corporaciones multimillonarias gastaron para engañar al público no las exonera de su deber de pagar a los conductores un salario decente», dijo Art Pulaski, un portavoz de la California Labor Federation (Federación de Trabajadores de California), que se opuso a la Propuesta 22. «El final de esta campaña es para nosotros el comienzo de la lucha para que los trabajadores de plataformas reciban salarios justos, pago por enfermedad y atención médica en caso de accidente de trabajo.»
Geoff Vetter, portavoz de «Sí a la 22», festejó la victoria de la campaña con una declaración: «California se expresó. Millones de votantes se unieron a los cientos de miles de conductores que quieren la independencia y más ventajas», dijo. «Con la aprobación de la Propuesta 22, los conductores de plataformas y los repartidores de California podrán mantener su independencia y acceder a nuevos beneficios históricos, como un salario mínimo garantizado y atención médica».
Pero, aunque la Propuesta 22 obligará, efectivamente, a las empresas a que les paguen a los conductores un salario por hora equivalente al 120% del salario mínimo estatal o local [en California, es de 13 dólares, a partir de enero de 2020, para las empresas con más de 26 empleados y de 12 dólares para las que tienen menos de 25 empleados]. Sin embargo, en virtud de la Propuesta 22, ese salario se va a aplicar únicamente al tiempo que el repartidor pasa en recoger y transportar alimentos o pasajeros. No cubrirá el tiempo que transcurra entre los viajes o las entregas, lo que significa que la mayoría de los conductores va a ganar probablemente mucho menos que el salario mínimo local o estatal. Tampoco tendrán un mínimo asegurado de remuneración.
La Propuesta 22 y su victoria electoral, abre las puertas para que otros sectores empresariales de California apelen a los votantes, con iniciativas de referéndum para «decidir» sobre aspectos de derecho laboral, como lo declaró a KPIX (CBSN Bay Aerea) el profesor de ciencias políticas David McCuan, de la Universidad Estatal de Sonoma (en el norte de California): «La Propuesta 22 aumenta enormemente la inversión financiera necesaria para someter a votación una disposición». «Fija sumas records en términos de dinero gastado. Así, la vía paralela de la democracia directa se convierte en una mesa de apuestas y será necesario invertir miles de millones de dólares en futuros ciclos de votación». [Artículo publicado en el sitio Eater]
Nota
- Los votantes de California se pronunciaron el 3 de noviembre, día de las elecciones, sobre la iniciativa popular llamada Propuesta 22. El objetivo de la iniciativa era clasificar a los conductores de los servicios de transporte y entrega a través aplicaciones como empresarios independientes y proporcionarles a ellos y a las empresas que los emplean ciertos derechos y obligaciones y una supuesta remuneración mínima.
*/**A l’encontre y, Correspondencia de Prensa, 10-11-2020
Traducción de Rubén Navarro
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